Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- La red de empresas vinculadas al ex funcionario Marco Antonio Aguilar Yunes ha obtenido contratos por más de 20 millones de pesos en los últimos tres años, bajo administraciones de distintos colores partidistas. Los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado documentan un modus operandi recurrente: licitaciones amañadas, competencia simulada y adjudicaciones directas a empresas sin experiencia en los giros contratados.
El caso emblemático ocurrió en Córdoba en 2022, cuando la empresa Le Mirad, S. de R.L. —con Marco Antonio Aguilar Yunes como representante legal— recibió un contrato de 6.9 millones de pesos para luminarias LED mediante la licitación LS/03 /ARBITROS/ 2022300440303/01.
La ASF descubrió que este proceso violó la Ley de Adquisiciones al simular competencia con Blarma Construcciones, cuando ambas compartían como socia a Blanca Eloísa Aguilar Huerta. El daño patrimonial superó los 9 millones de pesos. Paradójicamente, este contrato fue firmado por el alcalde Juan Martínez, quien en su campaña prometió combatir las prácticas del “viejo régimen priista”.
La red se expande a través de un consorcio de empresas cambiantes: Blarma Construcciones, Inmobiliaria BLARCO, LeMirad y MARBLA Comercio. En 2024, Blarma —donde Aguilar Yunes figura como socio fundador— recibió 1.67 millones de pesos para rehabilitar la fachada del Palacio Municipal. La pintura comenzó a desprenderse antes de cumplir un año, revelando falta de preparación de superficies y ausencia de tratamientos antihumedad. Simultáneamente, BLARCO obtuvo 7.8 millones del fondo de parquímetros para rehabilitar banquetas en cuatro cuadras del centro, pese a que su representante legal, Yuyi Susana Lara Barradas, mantiene vínculos documentados con Aguilar Yunes desde su época como secretario del Trabajo.
En Fortín, se replica: entre 2022 y 2023, esas empresas recibieron más de 4 millones de pesos en contratos para obras menores en la administración de Gerardo Rosales Victoria, aliado político del grupo Yunes. El ORFIS detectó que estas firmas absorbieron el 8.7 % de los contratos analizados, asignados mediante adjudicación directa o procesos simplificados.
Frente a estas evidencias, las declaraciones de Aguilar Yunes se limitan a descalificaciones ad hominem. Acusa al medio denunciante de “bajeza” y “periodicucho”, apelando a su reputación y a la supuesta legalidad de sus operaciones. “Nadie ha podido probar absolutamente nada”, aseguró.
La ASF ha documentado cómo estas empresas operan como vehículos para desviar recursos del FORTAMUN-DF. Su estrategia incluye: creación de nuevas razones sociales según la contratación requerida, uso de prestanombres como Lara Barradas (cuyo teléfono particular coincide con contactos empresariales de Aguilar Yunes), y concentración de obras en municipios gobernados por aliados políticos corruptos.
