México es un país donde las mafias, las facciones y los poderes fácticos se disputan y se adueñan a diario de grandes sectores de la vida pública del país para formar una confederación de intereses que van desde los más altos monopolios privados y trasnacionales hasta el apoderamiento de calles, banquetas y las salidas del Metro, todo ello en beneficio de las alianzas y complicidades entre la corrupción privada y la gubernamental.

La estructura educativa del país no podría estar al margen de este corrosivo fenómeno, y en el caso particular de la educación superior, normalista y tecnológica, el asunto explota cotidianamente, evidenciando a qué grado está infiltrado este sector, en el cual las escuelas normales rurales del país son un territorio crítico donde penetran las mafias partidistas y burocráticas para controlar grupos de choque y partidas presupuestales que se convierten en un botín que es disputado a sangre y fuego, mientras los aspectos puramente académicos se utilizan como pantalla para justificar la rapiña política. 

En ese entorno la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, reventó su crisis en coincidencia con el cambio de gobierno en ese estado, para así ratificar los botines y los territorios de poder que están ahí enquistados, lo que motivó un encuentro violento y criminal entre los cuerpos policiacos que exhibieron su ineptitud y sus abusos brutales, y los estudiantes e infiltrados que no se quedaron atrás en su propia violencia. 

Después de esa confrontación, que dejó varios muertos y daños mayores, las partes involucradas se retiraron a sus trincheras y a sus botines dejando un ejemplo de impunidad, de extorsión y de injusticia que fructificó poco tiempo después en Michoacán, donde volvió a iniciarse otra trifulca, primero en las casas estudiantiles universitarias en Morelia, para después reventar en la Normal de Cherán, donde se utilizó como pantalla un diferendo sobre la obligatoriedad del idioma inglés y las lenguas indígenas —cuando ambas materias deben ser curriculares—, una por necesidades evidentes de modernidad y de capacitación para las nuevas generaciones y la otra por respeto a nuestras raíces y a la identidad de la población originaria, cuando en el fondo este nuevo choque tenía como propósito, “político”, ratificar botines y toda clase de canonjías y prebendas “obtenidas” en administraciones anteriores. 

El nuevo gobernador, que no quiso doblegarse al primer encuentro, enfrentó con la fuerza a la violencia de quienes secuestraron y quemaron vehículos públicos, llegando el conflicto a detenciones masivas, a consignaciones ya más selectivas para arribar, finalmente, a unos cuantos procesos que los presuntos responsables llevarán en libertad caucional, en una especie de “empate”, en el que nada se resolvió, pero que al menos se le dio un respiro a esa relación perversa entre el poder público y las mafias porriles. 

También, ya cerca del cambio de gobierno en el DF, la confrontación, los paros y las descalificaciones se han exacerbado en el ámbito de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde grupos políticos y sectores magisteriales de esa institución, que gozan de condiciones económicas verdaderamente excepcionales en el mundo educativo, se han enfrentado a la rectora Orozco y a sus propuestas reglamentarias, generando una lucha en el Consejo Universitario en la que se han evidenciado los intereses partidistas, las facciones “políticas” y los ámbitos de control de plazas, presupuestos e impunidades, que han sido exhibidas y analizadas de una manera puntual y objetiva en el reportaje publicado recientemente por EL UNIVERSAL, en el cual se hace un diagnóstico preciso, que identifica a todas esas “tribus de la izquierda” que están interviniendo en este asunto, junto con sus personeros, que sólo ven la paja en el ojo ajeno pero ignoran la viga en el propio. 

En todas estas disputas van ganando las mafias y pierden la educación, los estudiantes y el poco “Estado de derecho” que nos queda, todo lo cual tiene como origen la inmoralidad gubernamental y la irresponsabilidad política de los burócratas, que primero “compran” complicidades para acabar siendo víctimas de sus propias truculencias, que dejan herencias ácidas de impunidad y de cinismo. 

Esta crisis que parece insoluble podría resolverse si el poder público se atreviera a enfrentar a sus propios demonios, para acabar con la corrupción que él mismo ha propiciado y que se ha convertido en una verdadera pesadilla y en un gran fracaso educativo. 

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Doctor en Derecho