DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- Vania López González, síndica del ayuntamiento de Córdoba y ex candidata del Partido Verde, volvió a recurrir al aparato institucional para atacar a medios de comunicación que cuestionan su gestión. El pasado 14 de julio, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz notificó a esta casa editorial sobre un procedimiento derivado de dos quejas interpuestas por la funcionaria, bajo el argumento de “violencia política en razón de género”.
Este hecho se ha vuelto recurrente en el actuar de la funcionaria, quien ha construido un historial de denuncias similares contra periodistas y medios que han documentado irregularidades en su conducta. En todos los casos, el patrón se repite: presiones legales, solicitudes de disculpas públicas, multas económicas y requerimientos que buscan revelar identidades, contratos y fuentes de información.
El nuevo procedimiento pretende exigir a este medio datos personales de sus colaboradores, autores de las notas e incluso contratos de publicidad, bajo amenaza de sanción. Esto no solamente representa una intromisión inaceptable en el trabajo periodístico, sino que muestra una intención clara de intimidar.
Organizaciones como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y recientemente la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, han denunciado públicamente que, en entidades como Veracruz, algunas funcionarias están utilizando las leyes de protección de derechos políticos con fines de censura, disfrazando intereses personales como agravios de género.
Actualmente, Veracruz suma más de medio centenar de personas sancionadas por violencia política, pero en este caso, la denuncia no parte de un agravio legítimo, sino de una funcionaria que ha optado por perseguir judicialmente a quienes informan sobre su gestión pública. Se trata de un uso faccioso de las instituciones electorales para silenciar a la prensa.
