Agencias

Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra envuelta en una nueva polémica luego de la destitución e investigación de su contralor interno, Arturo Serrano Meneses, quien presuntamente autorizó la incineración de una tonelada de leche en polvo en lugar de una tonelada de cocaína asegurada durante un operativo federal.

El caso salió a la luz después de que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmara en conferencia de prensa que se abrió una investigación en contra de Serrano y de al menos diez funcionarios más de la misma dependencia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el tema durante su conferencia matutina y pidió al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presentar un informe detallado sobre los hechos y las posibles irregularidades cometidas.

Arturo Serrano Meneses había sido designado contralor de la FGR por la Cámara de Diputados en 2019, y su cargo fue ratificado en 2023 para un nuevo periodo de cuatro años. Sin embargo, ante la gravedad de las acusaciones y la presión política, presentó su renuncia antes de que la Cámara Baja iniciara el proceso formal para su destitución.

Fuentes legislativas confirmaron que, en sustitución de Serrano, fue nombrado Óscar del Río Serrano, hijo del político veracruzano José Manuel del Río Virgen, figura cercana a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado. El nuevo contralor asumirá la responsabilidad de supervisar los procedimientos internos de la Fiscalía y colaborar en las investigaciones derivadas de este incidente.

La FGR no ha emitido aún un comunicado oficial sobre cómo pudo ocurrir la sustitución del cargamento, ni ha explicado si hubo manipulación en los almacenes donde se resguardaban las sustancias aseguradas. La presidenta Sheinbaum enfatizó que este tipo de errores “no pueden quedar impunes”, y subrayó la importancia de reforzar los mecanismos de control interno dentro de las instituciones de procuración de justicia.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene la supervisión del proceso de investigación y no descarta que se presenten más denuncias si se confirma la participación de otros funcionarios. El caso ha generado indignación entre legisladores y analistas, quienes advierten que este tipo de incidentes dañan la credibilidad de la FGR en su lucha contra el crimen organizado.