AGENCIA
CDMX.- El relevo en la Fiscalía General de la República (FGR), operado este jueves en el Senado bajo un fuerte hermetismo político, ha detonado una ola de interpretaciones y versiones encontradas sobre las razones detrás de la salida de Alejandro Gertz Manero y la urgencia de nombrar a su sustituto.
Aunque oficialmente se ha manejado como un proceso institucional, fuentes legislativas y actores políticos consultados en los pasillos del Senado aseguran que la dimisión del fiscal habría estado preparada desde hace semanas y que su salida responde a una combinación de presiones externas y necesidades internas del gobierno federal.
Según estas versiones, el documento de renuncia habría permanecido guardado desde hace varios días en la Consejería Jurídica, a la espera del momento político adecuado. Las especulaciones apuntan a que la relación del exfiscal con autoridades de Estados Unidos se encontraba fuertemente deteriorada, particularmente en torno a la cooperación en extradiciones y en investigaciones financieras transnacionales.
Mientras tanto, dentro del país, la premura por concretar un reemplazo inmediato estaría vinculada al manejo de expedientes sensibles acumulados entre 2018 y 2024, así como al cierre de contratos federales bajo la nueva administración. Legisladores de oposición señalaron que el proceso se condujo con velocidad inusual y con una selección limitada de participantes, lo que alimentó la percepción de un nombramiento dirigido.
Entre las figuras que se mencionan para encabezar la FGR destaca Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, cuyo perfil genera lecturas encontradas: para algunos sectores representa continuidad operativa y mayor coordinación policiaca; para otros, implicaría un movimiento táctico que lo aleja de la carrera presidencial de 2030 y lo coloca al frente de una dependencia de alta exposición política y judicial.
Otra carta considerada, el exministro Arturo Zaldívar, enfrenta resistencias de sectores militares que dudan de un perfil civil para conducir el aparato de justicia federal en un contexto de creciente militarización de funciones de seguridad.
En paralelo, dentro del análisis legislativo comenzó a circular preocupación por una posible reforma que ampliaría las facultades de investigación de la Guardia Nacional bajo coordinación directa de la FGR. De aprobarse, advierten especialistas, esta medida consolidaría una tendencia a la concentración militar de tareas de seguridad pública y procuración de justicia.
Con la salida de Gertz Manero, el gobierno federal abre un nuevo capítulo en el control del aparato judicial. Lo que para el Senado fue presentado como un trámite institucional, en los hechos revela un profundo reacomodo entre intereses políticos, tensiones internacionales y disputas por el control de expedientes estratégicos. El desenlace definirá no solo el rumbo de la Fiscalía, sino la arquitectura de poder para los próximos años.
