AGENCIA
Durango.- Leopoldo Chávez, condenado en Estados Unidos (EU) por contrabando de metanfetaminas, aparecerá en las boletas del próximo 1 de junio como candidato a juez federal en el estado de Durango. Aunque cumplió casi seis años de prisión, ahora busca una magistratura bajo la controvertida reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
“No me he vendido como el candidato perfecto”, declaró Chávez en un video difundido en Facebook. Recalcó que ya pagó su condena y aseguró no tener nada que ocultar. Durango, ubicado en el llamado Triángulo Dorado -zona dominada por cárteles-, ha encendido las alertas de organizaciones civiles sobre los riesgos de permitir candidaturas judiciales sin filtros estrictos.
La preocupación no se limita a Durango. En Jalisco, Francisco Hernández, exjuez destituido tras acusaciones de abuso sexual y corrupción, también figura en las boletas como aspirante a magistrado penal. “Que me juzgue el pueblo”, respondió al ser cuestionado.
En Nuevo León, Fernando Escamilla, abogado que asesoró legalmente a miembros de Los Zetas en temas de extradición, también busca una magistratura. “Eso demuestra mi conocimiento legal”, dijo en defensa de su candidatura.
Riesgos para la democracia
e independencia judicial
A pocos días de los comicios, la organización Defensorxs ha identificado a al menos 20 candidatos con antecedentes penales, vínculos con el crimen organizado o acusaciones de corrupción, como una abogada que representó al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El Observatorio Electoral Judicial (OEJ), por su parte, denunció que más de 130 candidatos compiten sin oposición y que las boletas, saturadas con cientos de nombres, pueden desorientar a los votantes.
Esta elección inédita, en la que se renovarán más de 840 cargos federales -incluidos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- ha sido fuertemente criticada por expertos nacionales e internacionales. El embajador estadounidense Ken Salazar advirtió en su momento que la reforma representa una amenaza para la democracia mexicana.
La nueva ley, aprobada en septiembre de 2024, reduce el número de ministros de la SCJN de 11 a 9, disminuye los requisitos de edad y experiencia profesional, elimina beneficios laborales y crea un tribunal disciplinario limitado para supervisar a un poder judicial conformado por más de 50 mil integrantes.
“Todo esto es resultado de haber aprobado la reforma al vapor, sin los mecanismos adecuados de verificación”, declaró Miguel Meza, presidente de Defensorxs.
La asociación de jueces y magistrados JUFED también expresó su preocupación: “Es peligroso lo que está sucediendo; hay un grave riesgo de infiltración de intereses delincuenciales”, advirtió su directora, Juana Fuentes.
Ante las críticas, ni la oficina presidencial ni el Poder Judicial federal respondieron a solicitudes de comentarios. Por su parte, la autoridad electoral señaló que ya es demasiado tarde para revisar candidaturas, y que las impugnaciones deberán presentarse después de la votación.
Una reforma sin contrapesos
La elección judicial del 1 de junio -la primera en su tipo en México- representa un parteaguas en la historia institucional del país. Pero también ha puesto en evidencia las debilidades del nuevo sistema, el desinterés en verificar antecedentes y la posibilidad real de que personajes con oscuros historiales accedan a los máximos niveles del poder judicial.
Con la democracia que dice Sheinbaum, se apoya a candidatos del CO, muy democrático todo, para eso es la farsa de la elección.
¡Cada vez son más cínicos, mentirosos, hipócritas!
