Ciudad de México.— La relación bilateral entre México y Estados Unidos ha registrado en la última semana una serie de acciones que reflejan un endurecimiento de la estrategia estadounidense contra el crimen organizado y la corrupción política.
Entre los eventos más destacados se encuentran:
- Extradición de 26 presuntos miembros de cárteles mexicanos hacia EE.UU.
- Captura de 27 integrantes del CJNG en Aguascalientes, con reconocimiento a la capacitación proporcionada por el FBI a las fuerzas estatales mexicanas.
- Detención en Houston de Víctor Manuel Rovirosa Priego, exfuncionario de Pemex y exsecretario de Obras Públicas de Tabasco, por presuntos sobornos y contratos irregulares vinculados al sector petrolero.
Caso Rovirosa y extraterritorialidad
La detención de Rovirosa representa un precedente en la aplicación de la jurisdicción extraterritorial estadounidense, al basarse en operaciones financieras que pasaron por bancos de EE.UU. y en violaciones a leyes como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Rovirosa fue arrestado directamente en Houston, sin necesidad de extradición, y se le vincula a movimientos de capital ilícitos, contratos de Pemex y presuntos nexos con figuras de la política tabasqueña, incluyendo vínculos hacia Adán Augusto López.
Expertos destacan que este caso refleja un cambio de doctrina: la política antidrogas de EE.UU. se complementa ahora con un eje anticorrupción enfocado en la clase política mexicana, utilizando a intermediarios y colaboradores para presionar a actores de mayor peso.
Implicaciones políticas
Si Rovirosa colabora con las autoridades estadounidenses, podría aportar evidencia sobre financiamiento político y contratos vinculados a estructuras de Morena, lo que tendría un impacto directo en figuras de la cúpula del partido. Casos similares en Guatemala y Honduras muestran que Washington ha utilizado testimonios de colaboradores para sancionar a altos funcionarios, incluyendo cancelación de visas y bloqueo de activos.
Perspectiva local
El caso también reabre el debate sobre la seguridad y el manejo interno de partidos políticos en México. Ciudades estratégicas como Córdoba, en rutas clave del tráfico de drogas y de personas hacia Estados Unidos, enfrentan el riesgo de que candidatos vinculados a lavado de dinero ocupen cargos públicos, lo que subraya la importancia de que los partidos cumplan con sus estatutos internos y mecanismos de selección de candidatos.
