De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- En Veracruz, los casos de violencia contra medios críticos siguen sin atención ni justicia. La Fiscalía General del Estado no ha informado avances sobre los dos atentados contra Radio Banana, ni ha dado seguimiento a las denuncias de acoso y hostigamiento contra trabajadores de El Buen Tono por parte de funcionarios públicos. Mientras tanto, en contraste, un funcionario de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), implicado en la muerte de un compañero de trabajo, ha sido tratado como víctima y no ha enfrentado consecuencias.
SEGUNDO DE CEAPP
El 25 de junio, José Antonio Miranda García, colaborador de la CEAPP, fue encontrado sin vida en una casa del municipio de Banderilla. Lo acompañaba esa noche Óscar Canseco, titular de la dirección de Atención y Protección de la misma comisión. Desde entonces, la Fiscalía ha ofrecido al menos cinco versiones distintas sobre la causa de muerte: natural, etílica, golpes, asfixia, y finalmente intoxicación por “gotas”, sin demostrarlo científicamente.
En su declaración, Óscar reconoció haber salido a beber con la víctima, contratar servicios sexuales con dos mujeres, acudir a un motel, y después, trasladar a José Antonio sin pedir auxilio cuando comenzó a sentirse mal. Aún así, no fue detenido, no ha sido imputado y sigue colaborando con la Fiscalía, a pesar de sus propias contradicciones. Incluso dijo haber percibido un sabor extraño en la bebida, cuando los expertos han confirmado que las benzodiacepinas son insípidas.
El cuerpo de José Antonio fue hallado con signos de violencia y algodones en la nariz, un detalle omitido por la Fiscalía en su narrativa. El caso ha derivado en la detención de cinco personas, incluida una mesera que, según testigos, ni siquiera participó en los hechos. El proceso está lleno de inconsistencias.
Este patrón de encubrimiento institucional contrasta con la total inacción ante las agresiones contra medios locales.
Radio Banana ha sufrido dos atentados en sus instalaciones este año. En ambos casos se han presentado denuncias formales ante las autoridades, sin que haya respuestas o detenciones.
El Buen Tono, por su parte, ha documentado casos de acoso sistemático, amenazas y presiones administrativas contra sus colaboradores. Las quejas han sido presentadas tanto a la Fiscalía como a la CEAPP; cuya intervención ha sido lenta.
La Comisión, cuya función es proteger a periodistas, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el asesinato de uno de sus trabajadores ni ha iniciado investigaciones internas sobre la conducta de Óscar, a pesar de que su comportamiento violó cualquier estándar ético o legal.
El mensaje es claro: la justicia depende de quién seas. Los medios críticos son ignorados, y los funcionarios públicos reciben protección incluso en medio de casos graves.
