DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
XALAPA.- La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), bajo la dirección de Luis Ramírez Baqueiro, quien fue designado presidente, volvió a demostrar que, lejos de ser un organismo garante de la libertad de expresión, se ha convertido en un aparato lento, omiso y complaciente con quienes agreden a la prensa crítica.
En días pasados, la CEAPP convocó a un “conversatorio” entre periodistas de Córdoba y Orizaba para proyectar un plan de trabajo. Sin embargo, pese a contar con un presupuesto anual aprobado de 23 millones 300 mil 900 pesos, el evento se realizó en un espacio controlado por el ayuntamiento (en contubernio con la comisionada regional Martha Cuicahua), un entorno nada plural que expone y vulnera a medios críticos, especialmente a aquellos que fiscalizan al poder.
La imparcialidad de este organismo es, a todas luces, cuestionable. Ante una situación de riesgo, sus medidas “de protección” se reducen a dar cámaras con mínima capacidad de grabación de 24 horas —insuficientes para documentar una amenaza real— y equipos portátiles que, paradójicamente, no funcionan en un incidente. En caso de obtener medidas cautelares, el “apoyo” consiste en ser agregado a un grupo de chat llamado Segurichat, cuyas notificaciones y protocolos son ambiguos y de dudosa utilidad. Además, las medidas se otorgan por seis meses y la respuesta oficial nunca es clara, dejando al comunicador en un limbo de indefensión.
Peor aún, cuando se trata de atender casos graves o de alto riesgo, la CEAPP brinda únicamente protección menor, y es la víctima quien debe cubrir de su bolsillo los gastos de los elementos de seguridad que, supuestamente velarán por su integridad. En otras palabras, si el comunicador no paga, no se le protege.
Esta incapacidad no es casual, es parte de su modus operandi para manipular y retener los recursos económicos que administra. La CEAPP tiene el presupuesto suficiente para dar atención y protección reales, pero prefiere operar con medidas simbólicas y tardías. En algunos casos, las medidas cautelares solicitadas tardan hasta cuatro meses en otorgarse, tiempo suficiente para que la amenaza se concrete sin que el organismo mueva un dedo. Este vacío de protección es aprovechado por funcionarios, políticos y cualquier persona que actúa como generadores de violencia. La CEAPP, con su pasividad y simulación, no sólo permite estas agresiones: las legitima.
