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De la Redacción 

El Buen Tono 

Nogales.- Mientras continúan las investigaciones sobre las condiciones de seguridad del elevador del Palacio Municipal de Nogales, surgen señalamientos en torno al manejo institucional del accidente que dejó gravemente lesionado a un trabajador, luego de que el alcalde Libni Zuriel de la Cruz solicitó a personal de confianza difundir una versión oficial distinta a la reportada por empleados presentes durante los hechos.

De acuerdo con información de un grupo interno de WhatsApp, integrado por directores y trabajadores de confianza, el alcalde exigió a sus colaboradores replicar y viralizar la postura del ayuntamiento respecto al accidente en el elevador.

Según los mensajes, la versión oficial sostiene que el equipo se encontraba en mantenimiento. Sin embargo, trabajadores consultados aseguran que esa explicación no corresponde a las circunstancias en que ocurrió el accidente, por lo que consideran que existe un intento de deslindar responsabilidades sobre una falla que terminó con lesiones de gravedad para un empleado municipal.

La controversia creció luego de que se difundiera una fotografía de él junto a una persona hospitalizada como parte de la narrativa institucional que quiere hacer ver que todo está bien, situación que fue interpretada por trabajadores como una estrategia para minimizar la magnitud del hecho y desviar la atención de los cuestionamientos sobre la seguridad del elevador y de la exposición del personal a un grave riesgo de perder la vida.

Más allá del tema, el caso adquiere una dimensión legal. Especialistas señalan que, de acreditarse que el equipo operaba sin contar con las verificaciones técnicas necesarias o que existieron omisiones en supervisión, podrían configurarse responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, derivadas de actos de negligencia de los cuales el alcalde tendrá que responder.

Asimismo, advirtieron que cualquier intento de influir en la percepción pública de los hechos, antes de que concluyan las investigaciones técnicas y jurídicas, podría convertirse en un elemento adicional de análisis para las autoridades encargadas de deslindar las responsabilidades.

El tema es delicado debido a que el elevador fue presentado por el gobierno municipal como una obra destinada a beneficiar a personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas y ciudadanos con movilidad reducida, para quienes la seguridad del equipo resulta indispensable. En tanto, no se hagan públicos los dictámenes técnicos ni se esclarezcan las causas del accidente, hay dudas sobre las condiciones en que operaba el elevador, responsabilidad de quienes autorizaron su funcionamiento y las medidas adoptadas.

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