Sandra González
El Buen Tono
ORIZABA.- La decisión del ayuntamiento de Orizaba de cerrar la ventanilla única para la recepción de nuevos trámites de construcción, a un mes de que concluya la administración municipal, genera molestia, incertidumbre y sospechas entre la población, que considera la medida como un golpe directo a sus derechos y a su economía.
Ciudadanos denunciaron que esta acción no tiene precedente en ninguna transición de gobierno y afecta de manera directa a quienes tenían planes para realizar mejoras dentro de sus viviendas. “Nunca se había llegado a esto en ninguna transición, va a afectar los planes de mucha gente en las gestiones de licencias de construcción”, expresaron.
La inconformidad crece debido a que los trámites en esta ventanilla eran considerados un proceso burocrático excesivo y desgastante. “De por sí es todo un calvario hacer trámites en esa ventanilla, y ahora a un mes de que termine el año que la cierren es desquiciante”, señalaron.
La crítica central recae en el control extremo que el gobierno municipal ejerce sobre la propiedad privada, pues en Orizaba prácticamente todo requiere permiso: desde pintar una fachada, colocar un techo de lámina o realizar adecuaciones mínimas dentro del hogar, hasta retirar un árbol seco.
En caso de no contar con autorización, las multas oscilan entre los 3 mil y 5 mil pesos, o incluso alcanzar los 10 mil pesos y la clausura del proyecto, lo que ha sido interpretado como una política recaudatoria más que como un ordenamiento urbano justo. A esto se suma una práctica que raya en el abuso: cuando trabajadores municipales realizan obras en banquetas, vierten material que provoca que los árboles se sequen, y posteriormente el ayuntamiento exige a los vecinos pagar por retirarlos o reponerlos, obligándolos incluso a plantar tres árboles como “compensación”, sin permitir que ellos realicen el retiro.
El cierre fue oficialmente justificado mediante un comunicado donde el ayuntamiento señaló que, como parte del proceso de entrega-recepción administrativa, dejará de recibir nuevos trámites a partir del 30 de noviembre de 2025, bajo el argumento de “organizar y revisar” los ingresos existentes. Sin embargo, para la ciudadanía esto no es más que otra muestra de desinterés por garantizar servicios básicos hasta el último día de su mandato.
