De la Redacción
El Buen Tono
Amatlán.- La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), clausuró el conjunto de granjas porcícolas San Antonio, propiedad de los Pontón Porres, ubicadas en la zona de Playa Dorada, por puercos, es decir, encontraron evidencias de que descargaban desechos contaminantes de manera directa y sin tratamiento al cauce del río Atoyac.
La medida se aplicó luego de una inspección de rutina que derivó en una investigación más exhaustiva, en la que se confirmó que las operaciones de las instalaciones representaban un “riesgo inminente” para la salud del afluente.
La dependencia estatal informó que el lugar carecía de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y de manejo de estiércol exigidos por la normatividad.
Vecinos de la zona, que desde hace años denunciaron los efectos de la contaminación, manifestaron que la clausura llega tarde.
“Es una acción que celebramos, pero llega con al menos cinco años de retraso”, declaró una representante del comité vecinal Amatlán por sus ríos, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias.
“Durante mucho tiempo, las autoridades hicieron caso omiso a nuestras quejas. La contaminación ya está hecha y el daño ecológico es profundo. Esto evidencia una fiscalización ambiental laxa y reactiva, no preventiva”, afirmó.
Especialistas consultados manifestaron que la descarga de efluentes porcícolas sin tratar, ricos en nitrógeno, fósforo y materia orgánica, provoca un proceso de eutrofización en los cuerpos de agua, el cual agota el oxígeno disuelto, genera zonas muertas y afecta de manera irreversible la biodiversidad del cuerpo de agua existente.
La PMA informó sobre la clausura mediante un comunicado oficial, en el que precisó que se inició un procedimiento sancionador contra los responsables.
Aunque no detallaron los plazos para la remediación del área ni los montos de las sanciones impuestas, lo que generó dudas sobre la efectividad de la medida más allá del cese de actividades.
Aunque la clausura de las Granjas San Antonio marca un precedente en la aplicación de la ley ambiental en la región, persisten cuestionamientos por la falta de acciones preventivas y la lentitud burocrática que existe en las acciones.
Habitantes y organizaciones locales exigieron que esta no sea una acción aislada, sino el inicio de una política real de protección a los recursos hídricos de la cuenca del Atoyac.
