Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba, Ver.- Lo que debió ser la renovación de su cocina se ha convertido en una pesadilla financiera y legal para un cliente de la empresa Closets y Cocinas de Orizaba, quien denunció públicamente el incumplimiento total del contrato por parte de la compañía, así como la nula respuesta de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ante su caso.
De acuerdo con la documentación presentada por el afectado, el 5 de marzo de 2026 contrató los servicios para la fabricación e instalación de una cocina, acordando un costo inicial de 26 mil 586 pesos y una fecha de entrega pactada para el 28 de mayo del mismo año. Como anticipo, el cliente entregó 15 mil 951.60 pesos, equivalentes al 60 por ciento del valor total estipulado en el contrato, y el resto sería pagado en dos partes posteriores conforme el avance y entrega del trabajo, como se estableció en el contrato.
Sin embargo, a pocos días de la fecha límite, el avance de la obra era prácticamente nulo y no correspondía a lo acordado. Ante esta situación, el 25 de mayo de 2026, el cliente aceptó una modificación al contrato para agregar más muebles, lo que elevó el costo final a 35 mil 276 pesos y movió la fecha de entrega al 18 de junio de 2026. Dos días antes, el 23 de mayo, el cliente cubrió el pago total de los 8 mil 690 pesos correspondientes a la ampliación.
Pese a haber cubierto oportunamente ambos pagos, que suman más de 24 mil 600 pesos, la empresa no ha cumplido con su parte del acuerdo. Hasta la fecha, el proyecto de cocina no registra ni el 50 por ciento de avance, y el cliente continúa sin recibir el producto por el que ya desembolsó una fuerte cantidad de dinero.
Ante el incumplimiento, el afectado acudió a la Profeco en Orizaba, en busca de justicia, pero la dependencia no le brindó solución alguna. En una muestra de la burocracia que suele desalentar a los consumidores, el personal de la procuraduría lo canalizó a las oficinas centrales en Veracruz para interponer su queja, lo que implicaría un gasto económico adicional que el denunciante no puede costear, pues ya invirtió sus ahorros en el proyecto fallido.
