AGENCIA
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado al capitán de navío Clímaco Aldape Utrera, junto con su esposa e hija, como presuntos cómplices en una red de huachicol fiscal y tráfico de drogas que involucra a más de una decena de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).
El caso, identificado dentro de la causa penal 325/2025, destapa una compleja estructura de corrupción que operaba desde las aduanas marítimas y permitía el acceso, transporte y comercialización de hidrocarburos ilegales a cambio de sobornos.
Un proceso detenido, pero no cerrado
Aldape Utrera logró recientemente que un juez federal suspendiera su proceso penal mientras se resuelve un amparo contra la vinculación a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. No obstante, la FGR mantiene su acusación y lo identifica como una pieza clave en la red.
De acuerdo con las investigaciones, Aldape Utrera fungía como enlace entre funcionarios de aduanas y los líderes de la organización criminal. En complicidad con el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz —otro de los principales operadores—, facilitaba cambios de ruta de embarcaciones y trámites administrativos para el paso del combustible ilegal.
El informe de la FGR también señala que estas operaciones contaban con el visto bueno de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, quienes gestionaban los cambios de adscripción de los miembros de la red para garantizar el control interno del esquema ilícito.
Movimientos financieros bajo la lupa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que entre 2020 y 2024, Aldape obtuvo ingresos por nómina de 7 millones 976 mil pesos, pero realizó operaciones que superan ampliamente sus percepciones oficiales. En ese periodo compró una propiedad de más de 2 millones de pesos y una camioneta Suburban Premier valuada en 1 millón 892 mil pesos, cuyos pagos incluyeron transferencias y efectivo sin origen comprobado.
La FGR advierte que el estilo de vida del capitán no corresponde con sus ingresos, por lo que se presume la comisión de delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La familia, también señalada
Las indagatorias apuntan a que la capitana Gabriela Avendaño Meléndez, esposa de Aldape, adquirió en 2023 un inmueble por más de 5 millones de pesos, mientras su hija, Montserrat Aldape Fernández, realizó depósitos superiores a 400 mil pesos presuntamente destinados a la compra de un automóvil.
La FGR sostiene que ambos movimientos financieros podrían formar parte del esquema de lavado de dinero derivado del huachicol fiscal y de los sobornos obtenidos por las operaciones dentro de las aduanas marítimas.
Empresas fachada y vínculos sospechosos
En 2023, el Banco Nacional del Ejército (Banjército) reportó operaciones inusuales en las cuentas del marino, tras recibir depósitos por 450 mil y 400 mil pesos, supuestamente en concepto de préstamos personales. Sin embargo, uno de los depósitos provino de la empresa Daemon, SA de CV, la cual no cuenta con actividad económica registrada ni domicilio real, por lo que se presume que es una compañía fachada.
El único registro empresarial formal de Aldape Utrera se encuentra en Grupo Ald-Cam Agroindustria, donde figura como socio junto con los hermanos Luis Miguel y Manuel Francisco Campillo Pizano, además de su esposa, Gabriela Avendaño.
Un reflejo de la corrupción interna
El caso de Clímaco Aldape Utrera exhibe nuevamente las redes de corrupción y complicidad dentro de las fuerzas armadas y las instituciones federales. Mientras la Semar intenta limpiar su imagen de escándalos, el expediente contra este capitán de navío y su familia pone en evidencia la infiltración del crimen organizado en los niveles operativos y administrativos de las aduanas mexicanas.
Aunque su proceso penal está temporalmente detenido, las pruebas recabadas por la FGR y la UIF muestran un patrón de enriquecimiento inexplicable, vínculos empresariales dudosos y el uso de la jerarquía militar para facilitar delitos relacionados con el huachicol y el tráfico de influencias.
El caso de Aldape Utrera podría convertirse en uno de los expedientes más emblemáticos sobre corrupción dentro de la Secretaría de Marina, marcando un precedente sobre el alcance del crimen organizado en el aparato estatal mexicano.
