AGENCIA
Guanajuato.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación por violaciones graves 194VG/2025, dirigida a la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad y Paz estatal, tras confirmar que un detenido fue víctima de tortura durante un operativo realizado en 2019 en el municipio de Villagrán. El caso no solo revela agresiones brutales, sino también una estructura de encubrimiento que involucra a las tres instituciones.
De acuerdo con la investigación, la víctima fue detenida dentro de su propio domicilio, donde se encontraba acompañada de su hija. Elementos de Marina le exigieron información sobre personas que no conocía y recurrieron a actos de tortura para obtener respuestas, mientras policías estatales y agentes de la Agencia de Investigación Criminal permanecieron en el lugar como espectadores, sin intervenir y sin denunciar las agresiones.
La CNDH determinó que existe responsabilidad directa de personal de Marina por la tortura ejercida, así como responsabilidad por omisión y encubrimiento por parte de policías y ministeriales. Según el organismo, estos últimos justificaron las lesiones con versiones falsas, alteraron la versión oficial sobre el sitio y circunstancias de la detención y omitieron reportar los hechos, pese a haberlos presenciado.
El organismo destacó que al menos tres servidores públicos que realizaron la puesta a disposición de la víctima tienen responsabilidad directa, aunque aún falta identificar a todos los participantes del operativo, cuya intervención debe ser investigada penal y administrativamente.
La recomendación exige a Semar, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad y Paz una reparación integral del daño, que incluya compensación económica y atención psicológica. Además, deberán colaborar en las investigaciones ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal, impartir cursos obligatorios de prevención de la tortura y emitir una circular para garantizar que toda detención se realice bajo estándares constitucionales y de derechos humanos.
El caso vuelve a evidenciar la persistente cultura de impunidad en operativos de seguridad en Guanajuato: Instituciones distintas, mismos patrones de abuso, silencio y protección mutua.
