EL BUEN TONO
Orizaba, Ver.— Diversas colectivas feministas, madres de familia y ciudadanas realizaron un posicionamiento público para denunciar lo que califican como violencia institucional en Orizaba y municipios de la región, señalando la falta de atención, acompañamiento y perspectiva de género por parte de dependencias como el DIF Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer (IMMO), la Fiscalía y los juzgados civiles.
Las manifestantes acusaron que funcionarios encargados de velar por la seguridad y los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes estarían actuando con omisiones, malas prácticas y decisiones que favorecen a presuntos agresores. Entre sus señalamientos, mencionaron casos donde —aseguran— se han realizado declaraciones ministeriales sin la presencia de profesionales de psicología, lo que consideran una violación directa a los derechos de las infancias.
Uno de los señalamientos más contundentes se dirigió al subprocurador de la región, a quien acusan de “inclinar la balanza” a favor de agresores en procedimientos vinculados a la protección de menores. Las colectivas advirtieron que la firma de un funcionario sobre una declaración obtenida sin especialistas “no representa justicia, sino violencia”.
Asimismo, denunciaron que instituciones como el IMMO, que deberían brindar acompañamiento y atención integral a víctimas, estarían optando por actividades recreativas y talleres que, a su juicio, no atienden las necesidades reales de quienes enfrentan situaciones de violencia. “La violencia no se combate con zumba ni talleres de relajación”, señalaron. “Se combate con asesoría jurídica, acompañamiento psicológico especializado, perspectiva de género y procesos legales transparentes”.
Las participantes también criticaron la presión que, afirman, algunas mujeres han recibido para conciliar con sus agresores, lo que calificaron como un acto revictimizante y contrario a las obligaciones de protección establecidas en la ley. Sostuvieron que insistir en la conciliación en casos de violencia es una práctica que vulnera los derechos de las víctimas y perpetúa un ciclo de impunidad.
Entre las exigencias, pidieron:
- Profesionalización urgente del personal del DIF, IMMO y subprocuradurías.
- Que ninguna niña, niño o adolescente rinda declaraciones sin psicólogos certificados.
- Que las instituciones prioricen acompañamiento legal y psicológico sobre actividades recreativas o promocionales.
- Celeridad y transparencia en los procesos ministeriales y judiciales.
- Garantías de que ninguna víctima será obligada a conciliar con su agresor.
Las colectivas subrayaron que la violencia institucional es una forma más de violencia: retrasar procesos, perder peritajes, no aceptar denuncias, minimizar testimonios y ejercer presión indebida “lastima, revictimiza y pone en riesgo a mujeres e infancias”, afirmaron.
Finalmente, hicieron un llamado enérgico a las autoridades municipales y estatales para que actúen con responsabilidad, perspectiva de género y compromiso real con la justicia. “Queremos defensoras, no animadoras; instituciones que protejan, no que simulen”, puntualizaron.
