Efraín Hernández
El Buen Tono
Córdoba.- Lo que debería ser un programa de asistencia social se ha convertido en una empresa privada operada desde el poder municipal. El comedor comunitario del DIF, en lugar de apoyar a los sectores vulnerables funciona como una cocina económica disfrazada, donde se cobran 40 pesos por platillo sin garantizar calidad ni transparencia.
El sistema, que por ley debe estar bajo supervisión del Cabildo, está controlado directamente por el alcalde Juan Martínez Flores y su hija Lizzeth Martínez, quien se autonombró “presidenta” del organismo sin contar con el aval oficial del cuerpo edilicio.
Además del cobro indebido en un espacio que presume ser de beneficio público, el menú es repetitivo, limitado y con bajo valor nutricional, de acuerdo con testimonios de usuarios. Las porciones, en vez de cubrir necesidades, parecen estar pensadas para generar utilidades.
Uno de los aspectos más cuestionables es la participación directa de familiares del alcalde en la operación del comedor. Margarita y Balbina Velázquez Martínez, prima y hermana de Juan Martínez Flores, forman parte del personal que labora en ese espacio, lo que evidencia el manejo familiar de un programa que debería responder al interés colectivo. Ambas son también hermanas, lo que refuerza el control interno de este supuesto servicio público por un mismo círculo consanguíneo.
Hasta ahora, el ayuntamiento no ha informado cuántos platillos se venden al día ni el monto recaudado, lo que impide conocer el destino de los recursos y abre la puerta a posibles actos de corrupción.
En lugar de establecer un verdadero esquema de apoyo alimentario en las colonias marginadas, la administración local mantiene una estructura opaca al servicio de intereses particulares.
