DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Córdoba.- El expediente de la solicitud de información sobre los programas “Tequila con Tokio” y “Sembrando Vida, Cosechamos Agua” enfrenta un problema estructural de legitimidad. La razón: la C. Itzel López González, hermana de la regidora novena Vania López González, integra la Comisión de Vigilancia de Transparencia, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información del Ayuntamiento.
El parentesco no es un dato menor. La solicitud (folio 950546126000278) está dirigida nominalmente a Vania López en su doble carácter de exsíndica y actual regidora. El conflicto de interés se configura porque Itzel tiene la atribución legal de vigilar que el Ayuntamiento, incluyendo las áreas donde su hermana es titular, cumpla con la ley. La advertencia presentada ante la Contraloría General del Estado, con fundamento en el artículo 26 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, exige que Itzel se abstenga de participar en cualquier deliberación relacionada con este asunto. Hasta ahora, no existe constancia de que así lo haya hecho. La inacción de Itzel no es un caso aislado. En 2023, el Acta 48 del Comité de Transparencia municipal documentó la decisión de clasificar como reservada por cinco años la información sobre el bono millonario, el paso a desnivel y las denuncias contra exservidores públicos. Vania López, entonces síndica, fue parte de esa administración que blindó las investigaciones. Hoy, su hermana ostenta un cargo que la faculta para vigilar ese desempeño, lo que la coloca en una posición donde debe evaluar a su propia familia.
El artículo 26 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la obligación de abstenerse de intervenir en asuntos donde exista un interés directo o indirecto. El parentesco por consanguinidad es un supuesto claro de conflicto de interés. La presencia de Itzel en la Comisión de Vigilancia, sin una excusa formal para abstenerse de supervisar los asuntos de su hermana, vicia la validez de cualquier decisión que ese órgano tome sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de Vania.
La solicitud ciudadana permanece estancada. La Unidad de Transparencia ha otorgado respuestas evasivas y ha trasladado la responsabilidad de una instancia a otra, sin entregar los padrones, facturas o convenios solicitados. El derecho de acceso a la información no puede quedar subordinado a los intereses familiares de quienes administran los recursos públicos.
