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Ciudad de México.- En medio de críticas por posibles violaciones a la privacidad y concentración de poder, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la polémica reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado. Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones en lo general —y 74 a favor, 13 en contra y 20 abstenciones en lo particular—, la iniciativa fue avalada con el respaldo de los senadores de Morena y sus aliados.
La reforma otorga nuevas y amplias facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluyendo la posibilidad de acceder a información y datos personales de ciudadanos, partidos políticos, sindicatos, empresas productivas del Estado e incluso candidatos y organizaciones políticas, sin necesidad de una orden judicial.
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación al artículo 51 bis, que autoriza a la SHCP a requerir datos directamente a dependencias, organismos autónomos y otras entidades del Estado. Legisladores de oposición, como la senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales, señalaron que esta medida representa un “grave abuso del poder” y una amenaza a la protección de datos personales.
La reforma también establece cooperación directa entre la SHCP y la Guardia Nacional para detectar operaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, lo cual, según críticos, podría significar que el Ejército —que controla la corporación— se involucre en investigaciones financieras, sin un marco judicial adecuado.
Asimismo, se incluyó una nueva figura en el artículo 3, fracción IX bis, que define como “persona políticamente expuesta” a funcionarios actuales o pasados, nacionales o extranjeros, así como a sus familiares y personas cercanas, con base en criterios que la SHCP determine. Para la oposición, esto abre la puerta a la persecución política selectiva, mientras que Morena lo defendió como parte de estándares internacionales. “Este estándar no solo lo permite, sino que lo exige expresamente”, justificó el senador morenista Óscar Cantón Zetina.
