AGENCIA
Venezuela.- La reciente sentencia de 30 años de prisión contra Marggie Orozco, médica general de 65 años, por enviar un audio en WhatsApp criticando al gobierno de Nicolás Maduro evidencia una escalofriante escalada en la represión política en Venezuela. La condena, confirmada por organizaciones defensoras de derechos humanos, no solo castiga una expresión de disenso, sino que refleja un peligroso patrón de criminalización de la oposición y de las voces críticas en el país.
Orozco fue detenida en agosto del año pasado en San Juan de Colón, en medio de la crisis postelectoral tras la reelección de Maduro. La acusación formal la señala por “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”, delitos que, en el contexto venezolano, parecen ser utilizados como herramientas para silenciar a quienes cuestionan al régimen. La médica, que además sufre problemas de salud y enfrenta complicaciones médicas en prisión, representa a uno más de los miles de presos políticos en un país donde las protestas y las voces disidentes son sistemáticamente reprimidas.
Este caso no es aislado: organizaciones como Foro Penal informan que actualmente hay 882 personas detenidas por motivos políticos. La condena de Orozco, basada en un simple mensaje que expresaba su opinión y malestar social, evidencia cómo el Estado venezolana ha convertido la crítica en un delito grave, en una muestra clara de la intolerancia y la falta de libertad de expresión que impera en la nación caribeña.
Las organizaciones de derechos humanos denuncian que estas acciones muestran un patrón sistemático en el que cualquier forma de participación política, denuncia comunitaria o expresión de descontento puede terminar en encarcelamiento. La represión en Venezuela ya no solo busca mantener el control, sino que también avanza en la criminalización de la disidencia, limitando la posibilidad de una verdadera oposición o debate público.
El caso de Orozco, además, revela las graves condiciones en las que se encuentra la justicia en Venezuela, donde la ley y los derechos humanos parecen ser meros conceptos vacíos. La salud de la médica, deteriorada por su encarcelamiento, y su pérdida personal reflejan el costo humano de un sistema que prioriza la represión sobre la justicia.
Es imprescindible que la comunidad internacional observe con preocupación estos hechos y exija una revisión de las políticas de encarcelamiento político en Venezuela. La libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales que no deben ser sacrificados bajo ningún régimen, y menos aún, por ejercer el derecho a opinar.
La comunidad internacional debe comprender que en Venezuela existe un régimen que viola de manera sistemática todos los derechos humanos. Luego como si nada, está pidiendo hablar con Trump y solicitando el respaldo de Sudamérica.
¿De esto Petro no dirá nada? Le encanta meterse en problemas de otros países, menos en los de su amigo.
