AGENCIAS
México.- La contratación de más de 3 mil médicos cubanos por parte del Gobierno de México generó nuevos cuestionamientos desde Estados Unidos, luego de que la congresista republicana María Elvira Salazar acusara que el programa podría implicar prácticas de trabajo forzado y contravenir las disposiciones laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con información publicada por XEU, la legisladora envió una carta a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, para solicitar la intervención de Washington y exigir explicaciones a las autoridades mexicanas sobre las condiciones en que trabajan los profesionales de la salud procedentes de Cuba.
Salazar sostiene que más de 3 mil médicos cubanos prestan actualmente sus servicios en territorio mexicano y que el esquema de contratación podría incumplir compromisos laborales establecidos en el acuerdo comercial entre los tres países.
Entre sus peticiones, la congresista planteó suspender el programa y liberar a los médicos de sus contratos. Sus señalamientos se centran en las condiciones laborales de los profesionales y en la participación de los gobiernos involucrados en los acuerdos de cooperación médica.
La controversia se suma a las críticas que legisladores y autoridades estadounidenses han expresado sobre las misiones médicas cubanas en otros países, particularmente por presuntas retenciones salariales y restricciones a la libertad de los trabajadores.
El tema podría añadir presión a la relación bilateral en un contexto de revisión de los compromisos comerciales y laborales del T-MEC. Sin embargo, las acusaciones de Salazar no constituyen, por sí mismas, una resolución oficial que determine que México haya violado el tratado.
El Gobierno mexicano ha defendido la contratación de médicos cubanos para cubrir la falta de especialistas en comunidades donde los servicios de salud son insuficientes. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que estos profesionales reciban salarios inferiores a los de sus colegas mexicanos.
Por ahora, el señalamiento de la congresista representa una petición de intervención al Gobierno estadounidense y no una sanción comercial ni una determinación formal de incumplimiento del acuerdo.
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