AGENCIA
Campeche.- El Congreso de Campeche aprobó en sesión extraordinaria una serie de reformas a la Ley de Expropiación y demás Limitaciones al Derecho de Propiedad, promovidas por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román. Con esta actualización del marco jurídico, el Estado podrá expropiar predios de particulares bajo el criterio de “utilidad pública”.
La fracción parlamentaria de Morena defendió la medida señalando que ya se han aplicado procesos de expropiación en obras como el Tren Maya, y que la reforma busca garantizar una distribución más equitativa de la riqueza. El diputado morenista José Antonio Jiménez Rodríguez aseguró que no representa una carga negativa hacia los ciudadanos, y que se aplicará para proyectos como calles, caminos, hospitales, escuelas, parques y puertos que beneficien al interés colectivo.
Sin embargo, la oposición calificó los cambios como un retroceso en materia de derechos de propiedad. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:
* El procedimiento será inapelable en sede administrativa, quedando únicamente la vía del amparo.
* Se recortan los plazos de defensa de 15 a 5 días para que los afectados presenten pruebas y alegatos.
* La indemnización se calculará con base en la última transacción actualizada por inflación, sin considerar plusvalía ni mejoras, lo que podría generar pagos muy por debajo del valor de mercado.
* Si el afectado no cobra en tres años, el dinero pasa al Estado.
* Se eliminó la figura de revisión, que a nivel federal permite que el bien regrese al dueño si no se usa para el fin que justificó la expropiación en un plazo de cinco años.
El diputado priista Jorge Salim Abraham Quijano advirtió que la nueva fórmula de indemnización “puede resultar en pagos muy por debajo del valor real”, mientras que su correligionario señaló que en estados como Yucatán y Quintana Roo existen salidas administrativas más ágiles para presentar quejas, evitando la saturación de tribunales federales.
El comparativo presentado por el legislador Paul Arce Ontiveros, de Movimiento Ciudadano, evidenció diferencias con otras entidades: en Jalisco un bien se revierte si no se utiliza en un año; en Quintana Roo el pago es inmediato y se otorgan compensaciones fiscales; en Tamaulipas se garantiza el valor comercial; y en el Estado de México existen audiencias de conciliación. En Campeche, en cambio, la indemnización puede tardar hasta diez años y se limita a la última transacción registrada.
La reforma a los artículos 1, 7, 8, 9, 13, 18, 20, 22, 29, 38, 43 y 50, junto con la adición de los artículos BIS, 1 TER y 44 BIS, se convierte en una de las modificaciones más controvertidas del sexenio de Sansores, al reducir plazos y derechos de defensa a los propietarios, bajo el argumento de acelerar proyectos de infraestructura y desarrollo.
