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Congreso peruano acelera proceso para inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez

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De la redacción
El Buen Tono

LIMA.— La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó el informe final de dos denuncias constitucionales que recomiendan inhabilitar por una década a Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, asilada en la Embajada de México desde 2022 tras el fallido intento de golpe de Estado.

El dictamen, correspondiente a las denuncias 547 y 575, será elevado al pleno del Parlamento después de que una primera moción no alcanzara los votos necesarios para proceder. En esta ocasión, la comisión concluyó que Chávez tuvo un papel clave en los hechos del 7 de diciembre de 2022, día en que Castillo anunció el cierre del Congreso y otras medidas excepcionales que no se concretaron.

Durante la sesión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, señaló que Chávez coordinó personalmente el ingreso del equipo de TV Perú al despacho presidencial para transmitir el mensaje a la nación, una tarea que —dijo— no correspondía a la Presidencia del Consejo de Ministros. Además, aseguró que la ex funcionaria no mostró oposición alguna a las decisiones del entonces presidente, vulnerando principios constitucionales sobre la democracia y el Estado de Derecho.

En el mismo proceso también figuran Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta, quienes solicitaron reprogramar sus audiencias para ejercer su defensa. Según el fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente encargado de la Mesa Directiva durante el debate, el procedimiento parlamentario busca determinar responsabilidades políticas, no penales, pues los involucrados ya enfrentan cargos por rebelión y conspiración.

El caso será discutido próximamente en el pleno del Congreso, que deberá decidir si procede o no la acusación constitucional contra Chávez, quien permanece a la espera de un salvoconducto para abandonar Perú. Su asilo generó una ruptura total de relaciones diplomáticas entre Lima y México, tensas desde que este último país se negó a reconocer la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte tras la salida de Castillo.

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