Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Con un registro de 50 quejas ciudadanas acumuladas en lo que va del año, el municipio de Córdoba se mantiene como un foco de alerta persistente dentro del estado de Veracruz.
Esta cifra, que lo coloca en la sexta posición a nivel estatal, adquiere su verdadera gravedad al ser leída en conjunto con la Recomendación 61/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su contra. Dicha recomendación, dirigida a la presidencia municipal, detalla un patrón de agresiones y uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos de seguridad pública municipal en contra de cinco jóvenes, ocurridas en octubre de 2022. Los hechos documentados incluyen detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos, evidenciando una violación sistemática a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica e integridad personal.
La naturaleza de estas quejas históricas, que involucran abusos de autoridad y violencia física, proyecta una sombra larga sobre las 50 quejas presentadas este año. Si bien el desglose específico de cada una no se detalla públicamente, el contexto establecido por la recomendación de la CNDH sugiere que podrían estar relacionadas con prácticas similares: actuación policial violenta, opacidad administrativa o falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
La recomendación no fue un incidente aislado, sino la punta de un iceberg que las cifras actuales parecen confirmar. La persistencia de un número tan elevado de reportes, a pesar de la severa llamada de atención que representa una recomendación nacional, es la evidencia más clara de la ineficacia de las medidas implementadas por el gobierno municipal para corregir el rumbo.
Lejos de ser un problema del pasado, la situación parece haberse normalizado, indicando omisión o resistencia a erradicar las prácticas violatorias denunciadas.
Cada queja representa un nuevo caso potencial de arbitrariedad; un ciudadano que no encontró respuesta en su gobierno local y tuvo que acudir a instancias externas para ser escuchado.
La combinación de la recomendación por agresiones graves y el constante flujo de quejas pinta el retrato de una administración que opera con opacidad y que ha fracasado en su obligación primordial: garantizar la seguridad y los derechos de sus habitantes.
