Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Las muertes por accidentes, incluyendo los de tránsito y sus secuelas, han experimentado un aumento alarmante en Córdoba de más del 54.8 % en apenas dos años.
Los datos del INEGI revelan que en Córdoba hubo 77 decesos en 2022, 94 en 2023 y un incremento hasta 110 muertes en 2024. La reciente colisión en el bulevar Córdoba-Fortín, que arrebató la vida a Rosa María “N” y Jorge Luis “N”, dejando en la orfandad a su hija de nueve años, no es un caso aislado.
Este repunte catastrófico coincide con la implementación de un modelo de movilidad reduccionista que, lejos de constituir una política pública integral, se ha limitado a manipular el tráfico vehicular sin atender las causas estructurales de la siniestralidad. La estrategia municipal ha centrado sus esfuerzos en regular la afluencia de automóviles en el centro de la ciudad, ignorando factores clave como la seguridad peatonal, la infraestructura vial adecuada, la educación vial y la protección a los usuarios más vulnerables de las calles.
El diseño mismo de esta medida nació viciado, al priorizar la fluidez del tránsito motorizado sobre la integridad humana.
La consecuencia de esta miopía gubernamental se mide en vidas perdidas.
Cada número en el reporte del INEGI representa una historia truncada, una familia destrozada, como la de Elizabeth “N”, la niña que sobrevivió al accidente en Nuevo Córdoba.
Las calles se han convertido en campos de riesgo para peatones, ciclistas y motociclistas, con intersecciones peligrosas, señalización deficiente y una absoluta priorización del automóvil particular sobre la vida humana.
