AGENCIA
Jalisco.- La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco reconoció oficialmente la existencia de graves actos de corrupción y un desfalco millonario ocurrido antes de la llegada de su actual titular, Juan Pablo Hernández. Las irregularidades, que habrían costado al erario al menos 150 millones de pesos (mdp) en 2024, se relacionan con la asignación de combustible a vehículos oficiales que se encontraban fuera de servicio o en talleres.
El hallazgo expone el profundo deterioro administrativo y la falta de control interno que imperaba en la corporación encargada de garantizar la seguridad pública. Según el propio secretario, el fraude fue detectado tras una auditoría interna que reveló “inconsistencias” en el consumo de gasolina y el estado físico de las unidades, lo que llevó a solicitar la intervención de la Contraloría.
“Se detectaron algunos vehículos descompuestos en taller o para baja y que estaban teniendo consumo de gasolina”, admitió Hernández, quien confirmó que el monto del desfalco corresponde únicamente al año 2024, aunque existen indicios de irregularidades también en ejercicios anteriores.
La magnitud del caso no solo evidencia el uso indebido de recursos públicos, sino también la impunidad con la que operaron mandos administrativos durante años, permitiendo el saqueo sistemático de fondos destinados a tareas de seguridad.
A pesar de que la actual administración asegura estar impulsando una “transformación radical” mediante la digitalización de procesos para prevenir nuevos fraudes, la explicación resulta insuficiente ante la magnitud del daño. La implementación de controles digitales debería haber sido una práctica básica desde hace tiempo, y no una reacción ante un escándalo financiero de esta magnitud.
El secretario Hernández prometió renovar el parque vehicular y digitalizar toda la información relacionada con kilometraje, consumo y verificación de unidades, para que las dependencias puedan detectar anomalías en tiempo real. Sin embargo, la transparencia sigue siendo una promesa pendiente en una institución marcada por la corrupción.
La destitución del exdirector de Recursos y Servicios Generales, Carlos Alberto Ávila, y la renovación de tres áreas clave son apenas un primer paso. Pero la verdadera pregunta sigue abierta: ¿Cuántos más se beneficiaron del fraude y quiénes responderán ante la justicia por el robo de millones en combustible mientras la seguridad en Jalisco sigue en crisis?
