AGENCIA
Xalapa, Ver.- La detención del activista Renato Romero, opositor a la empresa Granjas Carroll y defensor del agua en la Cuenca Libres-Oriental, confirma una preocupante tendencia de represión contra quienes se atreven a cuestionar el modelo extractivista impuesto por grandes corporaciones con la complicidad de las autoridades.
Romero fue detenido el 1 de julio en el estado de Puebla por agentes ministeriales, acusado por la Fiscalía General del Estado de presuntos delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado, supuestamente cometidos durante una protesta contra obras hidráulicas en San Miguel Xoxtla el pasado 28 de mayo. Sin embargo, su esposa, Elia López, desmintió categóricamente dicha versión al asegurar que ese día el activista no estuvo presente en el lugar de los hechos.
“Están criminalizando su activismo. Renato no cometió ningún delito, y ahora lo mantienen incomunicado, sin acceso a su defensa legal. Es una desaparición forzada transitoria”, denunció López. La familia y sus compañeros de lucha lo buscaron durante nueve horas, hasta localizarlo en la Casa de Justicia de Cholula. Durante ese tiempo, autoridades se negaron a proporcionar información sobre su paradero, lo cual constituye una grave violación a sus derechos humanos.
Esta detención no puede entenderse de forma aislada. Romero ha sido una de las voces más visibles contra el saqueo del agua y la contaminación generada por la empresa porcícola Granjas Carroll en la región de Perote, Veracruz. Su activismo le ha costado amenazas, hostigamiento y ahora, privación de la libertad. En junio de 2024, dos campesinos fueron asesinados durante un violento desalojo por parte de la Fuerza Civil, en una protesta relacionada con la misma empresa.
La represión ha sido sistemática y evidente. Aunque la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz clausuró uno de los criaderos de Granjas Carroll por el mal manejo de aguas residuales, Romero denunció que se trató de una medida cosmética, insuficiente para frenar la contaminación ni garantizar justicia para las comunidades afectadas.
Las condiciones denunciadas por las comunidades van desde olores insoportables y enfermedades derivadas de la contaminación del agua, hasta la sobreexplotación de los mantos freáticos. Y aún así, la respuesta del Estado no ha sido proteger a las poblaciones, sino castigar a quienes alzan la voz.
La historia se repite: una vez más, el activismo ambiental es respondido con persecución, la protesta con cárcel, y la verdad con silencio institucional. Lo que ocurre con Renato Romero es un llamado de alerta sobre el grave retroceso en libertades y derechos humanos en México, especialmente para quienes defienden el agua, el territorio y la vida.
Organizaciones como el Movimiento en Defensa de la Laguna de la Mancha, el CNI Totonacapan y decenas de colectivos han exigido su liberación inmediata y un alto a la criminalización de los defensores del medio ambiente. La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo las autoridades seguirán sirviendo a los intereses empresariales por encima del bienestar de la gente y del planeta?
