AGENCIA
Nacional.- La sobrepoblación en las cárceles mexicanas, especialmente en los penales estatales, alcanzó un punto crítico este fin de semana, luego del violento motín registrado en el Centro de Readaptación Social de Tuxpan, Veracruz. El saldo fue trágico: Ocho internos muertos y 11 heridos, en medio de denuncias de extorsión, corrupción y autogobierno criminal al interior del penal.
El caso visibilizó la profunda crisis del sistema penitenciario nacional, que actualmente aloja a 248 mil 361 personas privadas de la libertad, a pesar de tener capacidad para 224 mil 506, lo que representa un excedente de 23 mil 855 reclusos, sin contar a los que se sumen en operativos contra la delincuencia organizada.
Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una estrategia integral para despresurizar las cárceles del país. Esta contempla el traslado de reos a centros federales, así como la implementación de programas de reinserción social y empleo para personas privadas de la libertad.
Una pieza clave en esta nueva etapa es Omar Reyes Colmenares, recientemente nombrado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien antes estuvo al frente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Según la presidenta, Reyes diseñó esquemas efectivos que incluyen movimientos estratégicos de reos y programas laborales al interior de los penales.
Los hechos violentos del sábado en el Cereso de Tuxpan evidenciaron el poder que grupos criminales ejercen dentro de las prisiones. Según testimonios e informes preliminares, el grupo conocido como Mafia Veracruzana o Sombra controlaba parte del penal y extorsionaba a los internos y sus familias con cuotas de entre 5 mil y 200 mil pesos.
La tensión explotó en forma de motín y obligó a las autoridades locales y estatales a intervenir para recuperar el control hasta la madrugada del domingo. Testigos reportaron humo blanco saliendo del penal y enfrentamientos entre internos.
El grupo criminal es también señalado como responsable del asesinato de la maestra y taxista Irma Hernández Cruz, quien fue ejecutada por negarse a pagar la cuota criminal. Un video que circuló en redes sociales mostró a Irma diciendo: “Con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe ser o terminarán como yo”, poco antes de su ejecución.
Penales rebasados y sin control
El caso de Tuxpan no es aislado. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del INEGI muestran que 134 cárceles en México operan con sobrepoblación. En Veracruz, al menos nueve penales superan el 50% de su capacidad.
Los penales estatales presentan una tasa de ocupación del 107%, mientras que los federales operan al 73.4%, lo que los convierte en una opción inmediata para reducir la presión. El gobierno federal ya contempla la habilitación del Complejo Federal de Papantla y del Cereso de Durango, con capacidad conjunta para hasta 3 mil 900 internos.
Expertos advierten: El problema es estructural
Para el doctor René Cáceres, experto en seguridad, el problema no se resuelve solo con nuevos penales o traslados. La raíz está en la corrupción, el uso excesivo de la prisión preventiva, y un sistema judicial incapaz de canalizar a delincuentes menores a medidas alternativas, como la prisión domiciliaria o el uso de brazaletes electrónicos.
“El sistema penitenciario mexicano no está consolidado. Hay personas encarceladas por delitos menores que no deberían estar ahí. Esto es producto de un sistema judicial ineficiente”, señaló Cáceres.
Respecto a la idea de construir una megacárcel como la del Salvador, Cáceres la descartó por inviable. “Lo que se necesita es reestructurar el sistema penitenciario y establecer cárceles específicas por tipo de delito”, explicó.
¿Fin del enfoque de ‘abrazos y no balazos’?
El nombramiento de Omar Reyes Colmenares en la UIF también ha sido interpretado como una señal de cambio en la estrategia de seguridad del gobierno federal. Con Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se prevé una política más centrada en el control institucional y el combate a las redes financieras del crimen organizado.
En este nuevo enfoque, el sistema penitenciario se perfila como un eslabón crucial. La presidenta Sheinbaum prometió que el Gabinete de Seguridad dará a conocer en breve la estrategia integral para enfrentar la crisis carcelaria, una deuda histórica con los derechos humanos y la seguridad en México.
