AGENCIA
Nacional.- La violencia en México ya no se limita a balaceras, levantones o territorios en disputa. Hoy, el crimen organizado ha extendido su dominio hasta un aspecto esencial de la vida cotidiana: La economía familiar. Desde la canasta básica hasta servicios como el internet, en al menos 10 estados del país los precios ya no se determinan por la oferta y la demanda, sino por la imposición de grupos criminales.
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Tabasco y el Estado de México viven bajo un esquema de extorsión económica sistemática que ha transformado al cobro de piso en un mecanismo de control de mercados completos.
El precio de la comida bajo amenaza
En la región de Tierra Caliente, Michoacán, habitantes señalan a “Los Viagras” y “Los Blancos de Troya”, aliados del “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), como los responsables de encarecer productos básicos como arroz, carne, refrescos y cerveza.
“Si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25; la carne que cuesta 200 se ofrece entre 230 y 240. No hay opción, porque los cárteles tienen presencia en cada punto de venta”, relató un poblador.
La negativa a cumplir con estas cuotas puede derivar en amenazas de muerte. Comerciantes, transportistas y productores se encuentran atrapados entre la obediencia forzada y el riesgo de ser blanco de represalias.
El derecho de piso, de la tortilla al internet
No se trata solo de alimentos. El cobro de piso ha alcanzado a los materiales de construcción, el agua embotellada, la papelería e incluso servicios como el internet.
En Veracruz, carnicerías locales relatan que deben vender más caro para solventar las cuotas semanales impuestas. En Tabasco, transportistas denuncian presiones similares. Y en el Estado de México, además de extorsionar, grupos delictivos aprovechan para distribuir mercancía robada.
En Guanajuato, las tortillerías son de los negocios más golpeados. En Morelos, más de la mitad de los comerciantes paga derecho de piso. El transporte público tampoco escapa: concesionarios de la Ruta 11 en Cuernavaca analizan suspender el servicio tras recibir amenazas.
Pueblos y ciudades sometidos
La extorsión no distingue entre campo y ciudad. En la Comarca Lagunera, organizaciones agrícolas y ganaderas denuncian una ola creciente de cobros que mantienen al sector en “constante amenaza y miedo”.
En Oaxaca y Veracruz, productores de mango y otros frutos están obligados a vender hasta cinco veces por debajo del precio de mercado. El mensaje es claro: quien no obedece, no comercia.
El crimen que encarece la vida
Para especialistas, este fenómeno no es nuevo, pero sí más profundo y extendido. El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, advierte: “Fue un delito que se dejó crecer y ahora impacta negocios, productores y consumidores”.
El resultado es una espiral perversa: los comerciantes suben precios para cubrir las cuotas, el crimen se fortalece y las familias pagan la diferencia. Lo que alguna vez fue el trabajo de coyotes o intermediarios ahora es un sistema de control criminal que distorsiona mercados enteros.
El CJNG y otros grupos no solo amenazan la seguridad física de los mexicanos, sino también su seguridad económica. Con cada kilo de carne, cada viaje en transporte o cada servicio de internet, el costo de la extorsión se refleja en los bolsillos de millones de ciudadanos.
La violencia ya no se mide solo en muertos y desaparecidos, sino también en los precios que el crimen organizado ha aprendido a imponer a sangre y fuego.
El crimen ya no solo cobra piso: Fija precios de tortillas, cemento y cuadernos. ¿Quién le enseñó economía al sicario? Nadie. Porque el sicario no decide: Ejecuta. El cerebro es el Estado, el narco es el brazo, y México, rehén de ambos.
En Guerrero controlan el precio del huevo y los refrescos, y son los mismos aliados del partido en el gobierno, ¡lo hacen con descaro porque esa es su realidad!
¡No es el CO! Son los narcopolíticos asociados al CO los que permiten estas situaciones.
