Xalapa, Ver., 28 de octubre de 2026.- Con 41 votos a favor y siete en contra, el Congreso de Veracruz aprobó los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas 2025, presentados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).
El dictamen fue sometido al Pleno durante la Novena Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, luego de que la Comisión Permanente de Vigilancia recibiera los resultados de la fiscalización el pasado 22 de septiembre.
El procedimiento comprendió la revisión de la gestión financiera de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos, la Universidad Veracruzana (UV), municipios, entidades paramunicipales y organismos públicos descentralizados.
En el caso del Congreso del Estado, la auditoría financiera no detectó irregularidades que hicieran presumir un probable daño patrimonial, aunque sí inconsistencias administrativas que derivaron en recomendaciones.
En las dependencias del Poder Ejecutivo y los organismos públicos descentralizados revisados, las auditorías financieras y, en su caso, técnicas a la obra pública tampoco identificaron irregularidades relacionadas con probable daño patrimonial en los apartados referidos, pero sí observaciones y recomendaciones administrativas. Una situación similar se reportó en el Poder Judicial.
En contraste, la auditoría a la Universidad Veracruzana determinó un presunto daño patrimonial por 225 mil 023 pesos, además de inconsistencias administrativas.
Municipios concentran el mayor presunto daño patrimonial
En 181 gobiernos municipales, las auditorías financieras y técnicas a la obra pública identificaron presuntas irregularidades por 2 mil 703 millones 301 mil 531 pesos, además de inconsistencias administrativas.
En otros 30 ayuntamientos no se detectaron irregularidades que implicaran probable daño patrimonial, aunque sí observaciones de carácter administrativo. También se reportó esta situación en cinco entidades paramunicipales.
En otras 14 entidades paramunicipales, las auditorías determinaron un presunto daño patrimonial por 42 millones 156 mil 725 pesos.
Asimismo, en 16 organismos públicos descentralizados se identificaron presuntas irregularidades por 3 millones 975 mil 377 pesos, además de inconsistencias administrativas.
Respecto de la deuda pública, las obligaciones y la disciplina financiera, las revisiones realizadas en 205 municipios no reportaron irregularidades en los apartados correspondientes, aunque sí inconsistencias administrativas. En seis municipios se señalaron presuntas irregularidades por 6 millones 573 mil 040 pesos.
El dictamen también incluyó 38 auditorías: 33 de legalidad, practicadas en 20 entes municipales y 13 paramunicipales, y cinco de desempeño en entes estatales. A estas se sumaron 28 auditorías de orden social.
El Higo será revisado en un procedimiento posterior
El documento señala que la Cuenta Pública 2025 del municipio de El Higo fue entregada al Orfis el 14 de septiembre, cuando ya había concluido la etapa de solventación del procedimiento de fiscalización, por lo que su revisión no resultó viable dentro de ese proceso.
Por ello, el decreto instruye al órgano fiscalizador a realizar la auditoría correspondiente al ejercicio 2025 e incorporar sus resultados en el siguiente procedimiento de fiscalización superior.
Diputados piden seguimiento a las observaciones
Durante los posicionamientos, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, de Morena, sostuvo que la aprobación de los informes no representa el cierre definitivo de la fiscalización y que el proceso debe continuar hasta que se atiendan las observaciones y, en su caso, se determinen responsabilidades.
La diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez, del PAN, planteó la necesidad de conocer qué se adquirió con los recursos públicos, qué se recibió y cómo se comprobó su distribución. Señaló que la revisión debe permitir aclarar dudas y corregir posibles irregularidades.
Por el Partido del Trabajo, el diputado Ramón Díaz Ávila exhortó a los entes fiscalizables a presentar documentación técnica, contable y financiera suficiente para atender las observaciones. También pidió al Orfis promover las responsabilidades que correspondan y presentar las denuncias ante las instancias competentes cuando proceda.
El diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la profundidad técnica de los informes al considerar que no precisan suficientemente si los presuntos daños patrimoniales derivan de negligencia, dolo, corrupción, deficiencias de planeación o falta de capacidad administrativa.
Por su parte, la legisladora Montserrat Ortega Ruiz cuestionó los criterios utilizados para determinar si las irregularidades detectadas en los Servicios de Salud de Veracruz constituyen faltas administrativas o posibles daños patrimoniales. También pidió investigar y sancionar las responsabilidades relacionadas con los ayuntamientos.
La diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del PRI, señaló diferencias entre los recursos que se autorizan en el Congreso y las carencias que enfrentan diversos sectores de la población.
Finalmente, el diputado Héctor Yunes Landa advirtió que la ausencia de daño patrimonial en una auditoría no significa necesariamente que el gasto haya sido eficiente, que las contrataciones se hayan realizado conforme a la ley o que los recursos hayan cumplido su propósito.
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