Veracruz, Ver.- La incorporación de Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares al grupo parlamentario de Morena en el Senado ha reactivado uno de los expedientes políticos más polémicos de Veracruz, al tratarse de figuras que durante su administración y trayectoria pública han sido señaladas por auditorías estatales y federales por presuntas irregularidades que superan los 4 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la revisión de la Cuenta Pública 2018 del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2016–2018) arrojó observaciones por presunto daño patrimonial en al menos 46 entes estatales, con inconsistencias en obra pública, adquisiciones, pagos a proveedores y manejo de recursos públicos. El propio ORFIS ha documentado que estas irregularidades forman parte de un paquete de observaciones que derivaron en múltiples denuncias administrativas y penales.
Uno de los casos más señalados es el Sistema Estatal de Videovigilancia, un proyecto anunciado como emblemático de su administración, con una inversión superior a los mil 100 millones de pesos, pero que terminó bajo investigación por presunto fraude, sobrecostos y fallas operativas. Auditorías y reportes periodísticos documentaron que el sistema nunca operó al 100%, con miles de cámaras sin funcionar o sin instalar, lo que derivó en denuncias ante instancias estatales y federales.
A estos señalamientos se suman acusaciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que también detectó posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, así como pagos no comprobados y contratos cuestionados en distintas áreas del gobierno estatal. En conjunto, los expedientes apuntan a posibles daños millonarios acumulados durante el bienio yunista.
En el plano político, Miguel Ángel Yunes Linares fue uno de los principales opositores de Andrés Manuel López Obrador durante años, a quien llegó a descalificar e insultar públicamente en distintos momentos de confrontación política, especialmente durante procesos electorales en Veracruz. Ese historial de enfrentamiento contrasta con su actual integración al bloque legislativo de Morena, lo que ha generado críticas sobre la congruencia del partido.
La llegada de ambos a la bancada guinda ocurre pese a que en 2025 la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena había rechazado su afiliación, lo que ha intensificado el debate interno sobre la apertura del partido a perfiles con antecedentes políticos polémicos.
En Veracruz, el reacomodo ha sido interpretado por actores políticos como un movimiento de alto impacto que reconfigura viejas rivalidades y revive cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, la rendición de cuentas y la coherencia del discurso anticorrupción dentro del partido en el poder.
