Agencias
Ciudad de México.- El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, lanzó una nueva advertencia sobre los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos mexicanos. Aseguró que la agencia continuará investigando y exponiendo estas relaciones, al considerar que la corrupción permite la operación y expansión de los cárteles del narcotráfico.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario estadounidense afirmó que la DEA mantiene su compromiso de exhibir los nexos entre organizaciones criminales y políticos presuntamente corruptos, bajo el argumento de que estas estructuras representan una amenaza para la seguridad de su país.
“La DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, escribió este martes 17 de noviembre.
El pronunciamiento se suma a la advertencia que Cole realizó tres días antes, cuando señaló que la agencia y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) perseguirán a funcionarios y actores políticos que presuntamente protejan o faciliten las actividades del narcotráfico.
En esa ocasión, sostuvo que la corrupción y el crimen organizado están relacionados, independientemente de la posición política de quienes resulten señalados, y advirtió que seguirán las investigaciones contra quienes presuntamente se beneficien de las estructuras criminales.
ANTECEDENTES Y SEÑALAMIENTOS CONTRA FUNCIONARIOS MEXICANOS
Las declaraciones de Cole se producen después de que Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fuera sentenciado en Estados Unidos a 22 años y seis meses de prisión por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y armas de fuego. El acusado se había declarado culpable cuatro meses antes.
En el ámbito político, uno de los casos de mayor relevancia se registró en abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia estadounidense presentó acusaciones contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cazárez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el exfiscal general adjunto Dámaso Castro Zaavedra; el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; el exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés, y el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
De acuerdo con las acusaciones estadounidenses, los funcionarios presuntamente habrían colaborado con integrantes de la facción de Los Chapitos para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entre los señalamientos también se encuentran la supuesta entrega de información confidencial de corporaciones policiales y militares a integrantes del grupo criminal, a cambio de sobornos.
A estos casos se sumaron, en septiembre, las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
Entre los señalados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su hermano Luis Alfonso Torres. Las autoridades estadounidenses los relacionaron presuntamente con operaciones de sobornos y lavado de dinero.
También fue sancionado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien las autoridades estadounidenses señalaron de presuntamente recibir sobornos para facilitar las operaciones de una facción del Cártel de Sinaloa.
Otro de los nombres incluidos fue Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de Aduanas en Chihuahua y exasesor legislativo en Baja California, señalado por presuntos favores políticos a integrantes de estructuras criminales.
Los señalamientos y acusaciones forman parte de la estrategia de presión del gobierno de Donald Trump contra los cárteles mexicanos, mediante investigaciones judiciales, sanciones financieras y acciones dirigidas contra sus presuntas redes de protección.
Mientras tanto, las declaraciones de Terry Cole colocan nuevamente en el centro del debate la posible relación entre narcotráfico, corrupción institucional y estructuras políticas en México. La DEA sostiene que continuará con estas investigaciones y que no limitará sus acciones a los integrantes de las organizaciones criminales, sino también a quienes presuntamente les brindan protección desde posiciones de poder.
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