Amatlán.- El jefe de la oficina de Hacienda del Estado en Córdoba, Bernardo Peláez Domínguez, declaró ayer ante el Juzgado Primero de Primera Instancia, con base en el penal de La Toma, donde ratificó las actas circunstanciadas levantadas contra el empleado Gabriel Zárate Leal, quien es acusado de un desfalco por $665 mil; el funcionario estatal fue sometido a un interrogatorio de más de 3 horas, donde mantuvo su posición de que el empleado era el encargado de cajero y por ello el responsable de la desaparición del dinero, pero la defensa del acusado señaló que no existen pruebas de que su defendido haya sustraído el efectivo, y en todo caso lo que podría darse es una omisión de responsabilidad.
Peláez Domínguez, declaró junto con el también ex jefe de la dependencia, Carlos Ponce Villar; el Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la Sefiplán, Alberto Sánchez Rojas, y un elemento de seguridad que presuntamente fue el que se percató que el empleado había olvidado las llaves en el cajero, pero ninguno admitió que le conste haber visto que el ex empleado sustrayera el efectivo.
La defensa del procesado, Rubén Uribe Ríos, consideró que la querella en contra de su cliente no fue debidamente integrada por las autoridades ministeriales, porque no hay ningún elemento que pruebe que vincule directamente al sujeto pasivo con el hecho cometido. Además, criticó que el hecho ocurrió en el año 2010 y fue denunciado hasta el 2011.
“Está mal integrada la carpeta de investigación, ya que la Procuraduría no acredita el cuerpo del delito de robo agravado, y menos la responsabilidad, deben encuadrarlo por omisión de cuidado, por acción, que es diferente. Como defensa, esperamos que el Juzgado, que depende del Tribunal, actúe conforme a los principios generales del derecho, de legalidad y seguridad jurídica que consagra la Constitución”.
Aunque admitió que existe un apoderamiento del objeto, también hay una persona sustraída de la justicia, queremos que el juez al resolver se apegue a derecho y no por tratarse de una dependencia de gobierno la parte agraviada, vamos a fabricar chivos expiatorios”.
La denuncia
En la querella, el denunciante Alberto Sánchez Rojas indicó que el 3 de noviembre del año 2011, al realizar un arqueo de caja al ex trabajador, quien estaba encargado de la recaudación monetaria por los diferentes conceptos que atiende la oficina, indicando que había un reporte de $220,387, pero de acuerdo con la tira emitida por el cajero automático funcional, con corte al 23 de octubre de mismo año, la máquina amparaba un ingreso de $865,084.
Con la operación se determinó un faltante de $665,197, y al ser cuestionado el empleado, admitió que meses antes, por un descuido había dejado las llaves colocadas en la tapa del cajero, por lo que desconocidos aprovecharon para abrirlo y saquearlo, reconociendo su error y responsabilidad en el desfalco.
La denuncia quedó asentada en la investigación ministerial 003/2013, de la Agencia Séptima del Ministerio Público Investigador, Especializado en Delitos cometidos por Servidores Públicos, misma querella que fue turnada al Juzgado Primero de Primera Instancia, donde le fue girada la orden de aprehensión.
Interrogan a funcionarios de Sefiplán
La mañana de ayer, el jefe de la oficina de Hacienda en Córdoba, Bernardo Peláez Domínguez, se presentó a declarar en calidad de encargado de la oficina, donde ratificó las 2 actas circunstanciadas en las que se establece el robo del dinero, en el cajero automático que tenía a su cargo el hoy indiciado.
Al ser cuestionado dijo entre otras cosas desconocer si el acusado contaba con nombramiento oficial y por escrito, por parte de la Sefiplán, que lo autorizara a realizar los depósitos.
Tampoco respondió a la pregunta de que si tiene el control de las funciones que realizan los empleados a su mando, limitándose a decir que desconocía si las funciones de los empleados a su mando venían estipuladas en relación de personal que se hizo en la entrega recepción, cuando él asumió el cargo en mayo del 2010.
El abogado defensor, Rubén Ríos, quien afirmó que “los testigos acusan pero no les constan los hechos”, cuestionó al declarante sobre si él hizo las preguntas al empleado, sobre el faltante de dinero, al momento de que se firmaron las 2 actas circunstanciadas que le fueron levantadas, contestando que en la primera acta, él fue quien le hizo las preguntas al trabajador, pero en la segunda vino un funcionario de la Secretaría de Finanzas, de nombre Guillermo, y fue éste quien le hizo las preguntas, mismas que en algunos casos, ya vienen formuladas de Xalapa.
También, le preguntó si él autorizaba a que el acusado se llevara las llaves del cajero cuando salía de trabajar, respondiendo el funcionario que como él era el responsable del cajero, siempre tenía las llaves, tanto en días festivos como fines de semana.
Finalmente, el defensor aseguró que el resto de los declarantes tampoco manifiestan ser testigos presenciales de que el empleado se haya apoderado de los recursos.
Antonio Osorio
EL BUEN TONO
