El régimen de Peña Nieto se encuentra inmerso en una brutal crisis de credibilidad. La sospecha de que los viejos “usos y costumbres” de corrupción priista se estén reinstalando lo ha minado.
Como país estamos atrapados en una legislación confusa que no garantiza a los ciudadanos ni a los servidores públicos sus
respectivos derechos.
Por un lado, los derechos de los ciudadanos de poder estar ciertos de que los servidores públicos no utilizan su posición para lucrar con el poder.
Del lado de los servidores públicos, el ser capaces de acreditar un patrimonio bien habido, sin exponerse a las intrigas y sospechas y también en términos de seguridad.
1.- Perversión en el origen.- Dada la brutal inequidad de México, un patrimonio que en otro país sería mediano, común, en nuestro país
es ofensivo.
Esto ha llevado a dos falsas salidas, las dos nefastas. La primera consiste en disimular los bienes poniendo propiedades a nombre de familiares, amigos o “prestanombres” pervirtiendo el objetivo final: conocer el patrimonio real y acreditarlo frente a la sociedad.
La segunda, igual de perversa, consiste en no acreditar de manera totalmente transparente los ingresos reales de los servidores para que el sueldo nominal no sea demasiado alto a los ojos de la opinión pública.
De nuevo, un ocultamiento que es de lo más riesgoso. Las sorpresas siempre abonan a la sospecha.
Otra consecuencia ha sido la de reducir los salarios de los servidores, sobre todo en el Ejecutivo, y llevarlos a niveles inferiores al mercado.
Ello ha propiciado que muchos profesionistas valiosos dejen el servicio público y encuentren buen acomodo en actividades privadas donde no están expuestos. La mezcla de ambas perversiones es funesta.
2.- Riqueza igual a corrupción.- Los estudios muestran que en lo general los mexicanos piensan que sus compatriotas que acumularon un patrimonio tuvieron que haber cruzado por el pantano de
la corrupción.
Habiendo mucho de cierto en esto, sobre todo en ciertas épocas de la historia, también está la otra posibilidad.
Existen millones de mexicanos que han formado un patrimonio a partir del esfuerzo, del trabajo, de habilidades para hacer negocios.
Qué bueno que así sea, el país los necesita. Pero en el imaginario colectivo ellos no existen.
Ahora bien, ¿se debe prescindir de estos mexicanos con conocimientos y vocación de servicio público por el hecho de que tienen un patrimonio? No, de hecho en la versión cínica se podría argumentar que ya tienen, que ya
no necesitan.
En otros países, como Estados Unidos —quizá el caso más evidente—, hay muchas familias de abolengo y patrimonio conocido que se han dedicado al servicio público: los Kennedy, los Bush, los Gore y muchos más.
De hecho, cruzar del sector privado al público no es mal visto. Robert McNamara pasó de la dirección de Ford Motor Company a secretario de Estado, invitado por John F. Kennedy.
Tampoco es mal visto el tránsito inverso: dejar el servicio público y aprovechar legalmente las experiencias y aprendizajes y, hay que decirlo con toda claridad, los contactos adquiridos.
Por eso muchos cargos públicos prohíben a los exservidores transitar directamente y se establece un periodo en el cual no pueden involucrarse en el área de la cual fueron responsables. Pero después gozan de plena libertad para usar sus conocimientos y experiencias.
El eje del razonamiento no es si una persona tiene patrimonio o no. Ni los salarios bajos ni los altos garantizan honestidad.
El asunto va por otra línea de pensamiento
3.- Conflicto de intereses.- Todos tenemos intereses. El simple hecho de tener familia o amigos abre un rango de áreas delicadas.
Si además se es empresario y se cuenta con intereses económicos, pues la lista de potenciales áreas conflictivas crece. La mejor defensa es hacerlos públicos.
Por ejemplo, en Transparencia Internacional se exige a consejeros de los capítulos nacionales hacer una declaración de intereses año con año.
Si llegara a haber algún consejero con un conflicto ya expreso o superviniente, deberá abstenerse de opinar o votar en su caso sobre un asunto. Lo mismo ocurre en los Consejos de Administración de los bancos sometidos a una serie de limitaciones expresas.
El asunto de las casas sangra a la gestión y esto pudo haber sido evitado. Si la señora Rivera tenía el patrimonio que declaró, y no tenemos por qué dudarlo, estaba en todo su derecho de comprar
una casa.
Lo mismo el secretario de Hacienda. El problema radica en los vínculos, supongo cercanos, con una empresa que los llevó a obtener créditos que suponemos mejores que los bancarios.
Pero están en todo su derecho de tener esa relación. El asunto se enturbia por el hecho de que dicha empresa participó en obra pública del Estado de México y ahora con el gobierno federal.
Si el Presidente y el secretario hubieran hecho pública su relación y, por lo tanto, su deber de abstenerse en cualquier asunto donde la empresa estuviera vinculada, hoy no estaríamos metidos en este penoso embrollo que tanto ha dañado a México.
