De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La Delegación de Bienestar en Córdoba enfrenta nuevas acusaciones de corrupción, tras revelarse que la esposa de Josué Corona Vela, encargado de Recursos Humanos, estuvo en nómina como aviadora durante casi cuatro años. El responsable regional, Óscar Carmona Oropeza, no sólo evitó pronunciarse sobre el tema, sino que intentó justificar su gestión mediante un video transmitido desde su cuenta personal de Facebook, sin usar canales oficiales.
Durante su transmisión en Facebook realizada el viernes 1, el funcionario reconoció que existen irregularidades en la dependencia, pero desvió la atención señalando a ex trabajadores morenistas como “rateros y flojos”, sin aportar pruebas ni presentar denuncias formales.
En su discurso aseguró tener el respaldo del delegado federal Juan Javier Gómez Cazarín, quien, hasta ahora no ha ordenado auditorías ni ha emitido postura sobre los señalamientos.
El silencio de Gómez Cazarín, sumado a las omisiones del representante regional, ha sido interpretado por personal interno como una red de protección entre funcionarios, donde los actos de corrupción no se sancionan y se privilegia la lealtad política por encima de la rendición de cuentas. No existen informes públicos que aclaren el destino de los recursos o el procedimiento de contratación del personal señalado.
La mayoría de los despedidos durante la actual gestión, pertenecían al grupo político de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lo que refuerza las versiones de un trasfondo político en las acusaciones. Mientras tanto, la operación de los programas sociales sigue marcada por opacidad, discrecionalidad y conflictos internos.
Pese a utilizar recursos humanos para impulsar su transmisión, incluyendo presiones a su equipo de trabajo para compartir el video desde sus redes personales, la difusión tuvo un alcance mínimo. Esta práctica de hostigamiento digital, denunciada por trabajadores de forma anónima por temor a represalias, exhibe el autoritarismo con el que se conduce el funcionario, quien además, opta por el uso de plataformas personales para abordar temas institucionales. A esto se suma la falta de denuncias formales contra quienes acusa de corrupción, dejando en entredicho la transparencia, ética pública y profesionalismo en la oficina regional de bienestar.
