Laura A. García
El Buen Tono
COETZALA.- En un hecho inédito que ha sacudido al municipio, la síndica Clementina Yolanda Coyohua Zepahua interpuso denuncias formales ante el SAT y la FGR contra funcionarios municipales, por utilizar empresas factureras para desviar recursos públicos.
En días pasados fue dado a conocer que la empresa “Asce Consultoría Empresarial”, contratada por el ayuntamiento de Coetzala para servicios de asesoría, ha levantado sospechas entre vecinos y opositores, al ser señalada como una empresa ‘fantasma’ que opera desde una vivienda particular en mal estado, sin infraestructura adecuada para prestar sus servicios profesionales.
El domicilio fiscal registrado por “Asce Consultoría Empresarial” corresponde a una casa-habitación en condiciones precarias, ubicada en una zona residencial, sin logotipos, oficinas o personal visible que respalde su operación como firma de consultoría. Pero el ayuntamiento ha pagado 600 mil pesos por los trabajos realizados.
La síndica, encargada de vigilar la legalidad y transparencia en el gasto público, aseguró contar con documentos que evidencian que ciertos servidores públicos habrían contratado empresas sospechosas de operar como “factureras” –entidades que simulan operaciones comerciales para así justificar gastos–.
“No podemos permitir que se utilice el dinero de los ciudadanos en esquemas opacos. Presenté las pruebas ante las autoridades correspondientes para que se investigue y, en su caso, se sancione a los responsables”, declaró.
De acuerdo con la denuncia, esta empresa habría sido usada para justificar compras infladas o servicios nunca rendidos, un esquema que, de comprobarse, representaría un grave daño al erario municipal. La síndica exigió que el SAT revise las facturas presentadas y que la FGR determine si hubo enriquecimiento ilícito o peculado.
Pobladores han respaldado la acción de la síndica y demandaron que las investigaciones no queden en la impunidad. “Es un primer paso importante, pero esperamos que las autoridades federales actúen con seriedad. Coetzala no puede ser otro caso más de corrupción archivado”, señaló un representante de Transparencia Ciudadana Veracruz.
La FGR y el SAT tienen ahora la responsabilidad de determinar si existió un fraude fiscal o delitos de corrupción. De confirmarse, podría tratarse de uno de los primeros casos en la región en que una autoridad municipal enfrente consecuencias legales por el uso de empresas factureras.
