Cd. de México.- “La Presidencia de México y el Senado de la República atentan en contra de una Fiscalía autónoma y la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con los nombramientos de Arely Gómez González y de Raúl Cervantes Andrade”, criticaron 39 organizaciones nacionales e internacionales y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
Los grupos de la sociedad civil alertaron, en un comunicado, que los recientes nombramientos de Arely Gómez González, como Secretaria de la Función Pública, y de Raúl Cervantes Andrade al frente de la PGR, “son señales preocupantes para la consolidación del SNA”.
Estas prácticas “debilitan la construcción de una Fiscalía autónoma y del SNA, así mismo, es contraria a los compromisos públicos e internacionales hechos por la Presidencia”.
Entre los firmantes destacan Artículo 19, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Campus CDMX.
Por otra aparte, las organizaciones acusaron que para nombrar a las nuevas autoridades del SNA, la Presidencia se vio obligada, en septiembre pasado, a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al nuevo secretario o secretaria. Sin embargo, ésta nunca se realizó.
En este sentido, “el nombramiento de la nueva Secretaria de la Función Pública viola el compromiso internacional hecho por la Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”.
Las organizaciones también criticaron el actuar del Senado de la República, quien, dijeron, “en menos de un día […] resolvió la designación presidencia”. Ese proceso “del mayor impacto para la democracia y el Estado de derecho, no debe realizarse como un simple trámite legislativo”.
Finalmente, los firmantes exigieron “que estas designaciones sean transitorias, en particular en el caso del Procurador, pues consideramos que no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de no contar con la legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del promisorio SNA. Estamos absolutamente convencidos que los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la altura del contexto, las exigencias sociales y las necesidades de nuestro País. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están”.
