AGENCIA
Nacional.- Lo que surgió como un mecanismo para garantizar la participación equitativa de las mujeres en la vida pública, hoy preocupa a organizaciones defensoras de la libertad de expresión. La violencia política en razón de género (VPRG), advierten, se ha convertido en una figura utilizada para amedrentar y censurar a periodistas, creadores de contenido y ciudadanos críticos de personajes políticos.
De acuerdo con el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género del INE, hasta el 14 de agosto se contabilizaban 476 casos. Entre ellos, 80 corresponden a periodistas y directivos de medios de comunicación, además de cinco generadores de contenido digital, lo que equivale al 17.85 por ciento (%) del total.
Casos emblemáticos
Uno de los más conocidos es el de la diputada del Partido del Trabajo, Karina Barreras Samaniego, quien logró que el Tribunal Electoral sancionara a una ciudadana y la obligara a disculparse públicamente en su cuenta de X durante 30 días por emitir críticas en su contra.
Otro caso es el de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Morena), quien consiguió frenar por dos años las publicaciones del director del diario Tribuna de Campeche, Jorge González, además de otros periodistas locales.
En Guerrero, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López (Morena), acusó de VPRG y discriminación a un creador de contenido por difundir información sobre presunto desvío de 800 millones de pesos en obras tras el huracán Otis.
Una práctica en aumento
El director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, advierte que desde 2018 se ha registrado “un incremento exponencial en el uso de herramientas judiciales para acosar a periodistas y voces críticas”. Este año, agrega, la práctica se ha intensificado en el contexto del proceso electoral extraordinario de renovación judicial.
En su informe anual Barreras Informativas, la organización alertó que de las 639 agresiones contra la prensa documentadas en un año, 21 correspondieron a acoso judicial como método de censura, y de ellas, casi el 30% fueron promovidas bajo denuncias por violencia política de género.
Para Maldonado, el problema es que el procedimiento especial sancionador electoral es sumario y expedito, lo que permite bajar contenidos o sancionar en cuestión de horas, con efectos inmediatos y definitivos, lo que lo convierte en un recurso atractivo para inhibir la crítica.
Alarmas encendidas
Balbina Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF), señala que solo de junio a la fecha han recibido al menos diez casos de periodistas sancionados en estados como Campeche, Veracruz, Nayarit y Guerrero. Considera “grave” que funcionarios públicos recurran a esta figura, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los políticos deben tener mayor tolerancia a la crítica.
Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección para Periodistas (CPJ), coincide en que se trata de un abuso de una ley que fue necesaria para proteger a las mujeres, pero que hoy se ha tergiversado para imponer censura previa, prohibida por la Constitución y por tratados internacionales.
Hootsen subraya que han detectado casos en los que una sola persona denuncia hasta a 20 periodistas, lo que apunta a un uso faccioso de la ley. “No estamos diciendo que nunca deba existir la posibilidad de denunciar, pero lo que vemos ahora es un uso excesivo con el objetivo claro de silenciar”, advierte.
Un país hostil para la prensa
Con esta modalidad de acoso judicial, México suma una nueva forma de agresión a periodistas, además de amenazas, ataques físicos, privación de la libertad y asesinatos. “México sigue siendo el país más mortífero para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental”, concluye Hootsen.
