Alejandro Aguilar
El Buen Tono
CÓRDOBA.– En una maniobra recaudatoria carente de transparencia, el Órgano de Gobierno de Hidrosistema de Córdoba acordó oficialmente imponer un cobro punitivo a los usuarios que tengan su medidor de agua dentro del predio. Se trata de 41 m3, pero las familias han visto sus recibos por siete y hasta 10 veces más de lo acostumbrado.
Tras múltiples quejas por esta sanción, la decisión fue tomada en la Novena Sesión Ordinaria del 11 de septiembre de 2025, la cual establece que a estos ciudadanos se les facturará un consumo fijo de cuarenta y un metros cúbicos, una cifra por encima del consumo promedio real de un hogar.
AUTORES
DE MULTAS
La medida fue avalada por unanimidad por los integrantes del pleno, cuyas identidades quedaron registradas en el acta correspondiente. Figuran como parte de este órgano la regidora tercera Georgina Andrea Aguilar Sánchez; el regidor Jonathan Francisco Rosas Blanco, edil con la Comisión de Agua Potable; Lauro Ramos Olmos, comisario y también contralor municipal; y Alberto Mario García López, representante de los usuarios.
Por parte de la paramunicipal, estuvieron la directora general María del Rosario Palafox Aguilera; la subdirectora de Administración y Finanzas, María de la Luz Gutiérrez Chávez; la subdirectora Comercial María Eugenia Ramírez Arana; el subdirector de Operación y Proyectos, Oscar Trujillo Galván; y la secretaria técnica, María Gabriela Castellanos Martínez. Este grupo diseñó el mecanismo que hoy castiga el bolsillo de los cordobeses.
ROBO SOBRE ROBO
Bajo el eufemismo de “asignar un promedio establecido”, el organismo encubre una multa desproporcionada. Los cálculos basados en las tarifas oficiales de 2021, las últimas publicadas en gaceta, revelan el impacto real.
Los usuarios de tarifa popular que normalmente consumen 10 metros cúbicos y pagan alrededor de 100 pesos, de repente vieron su recibo multiplicado, lo cual deberían pagar quizá el doble, pero las tarifas fueron irreales.
Ciudadanos coinciden que es “un robo sobre robo” y está disfrazado de carácter institucional, donde primero se falla en la reubicación de medidores y luego se castiga al usuario con una facturación abusiva.
Un caso de una habitante de San Román, perteneciente a una vivienda de interés social, quien por un consumo normal solía pagar alrededor de 120 pesos mensuales. Tras la aplicación de esta sanción encubierta, su recibo se disparó hasta 1 mil 300 pesos. Según la tarifa oficial para “Interés Social”, el costo por los 41 metros cúbicos decretados debería ser de aproximadamente 209 pesos, situación grave y llena de irregularidades.
