Nayeli Ríos
El Buen Tono
Córdoba.- Los cordobeses enfrentan un rezago de 461 millones 477 mil 872 pesos por impuesto predial y derecho de recolección de basura, cifra que busca cubrir el desfalco en la administración municipal.
Del total, 293 millones 89 mil 318 pesos corresponden al impuesto predial, con 192 millones 403 mil 123 pesos por recargos, mientras que el servicio de Limpia Pública acumula 168 millones 388 mil 552 pesos, incluidos 71 millones 328 mil 934 pesos por recargos y 26 millones 409 mil 959 pesos por multas. Ante este panorama, Juan Martínez Flores, la síndica Vania López González y la regidora de Hacienda Georgina Aguilar Sánchez muestran su verdadera cara: una administración que prioriza recuperar recursos mal manejados sangrando a los ciudadanos cumplidos, mientras oculta el desastre financiero de su gestión.
Durante agosto y septiembre, el cabildo aprobó condonaciones y descuentos para “regularizar” a los deudores, pero esta medida sólo evidencia la incapacidad de la administración para cobrar y gestionar los recursos públicos. Martínez Flores y su equipo actúan como si fueran fiscalizadores, cuando en realidad buscan rescatar dinero que ellos mismos dejaron en desorden, mientras los ciudadanos pagan por la mala administración.
En enero de 2025, la recaudación por predial y Limpia Pública alcanzó 36.2 millones de pesos con más de 21 mil contribuyentes cumpliendo; en 2023, la cifra final fue de 49.7 millones de pesos con 99 mil 177 contribuyentes, mientras que en 2022 apenas se recaudaron 20 millones 290 mil 638 pesos.
El señalamiento hacia Rosa María Velasco Ramírez, Vania López González, Georgina Aguilar Sánchez y el resto del cabildo es inevitable: aplican condonaciones y descuentos mientras los ciudadanos cumplen puntualmente, dejando en evidencia que la ciudad paga por el desfalco, la negligencia y la falta de transparencia de quienes deberían cuidar el dinero público.
Este panorama evidencia una creciente desconfianza entre los ciudadanos, quienes, a pesar de cumplir con sus obligaciones fiscales, enfrentan una administración incapaz de gestionar eficientemente los recursos públicos.
