De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Documentos oficiales revelan una fractura administrativa que imposibilita la gestión legal, financiera y fiscalizadora del Mercado Revolución. La información proporcionada por la Unidad de Transparencia, la Jefatura de Comercio y la Regiduría Tercera evidencia una derivación circular de responsabilidades que deja al inmueble en un limbo operativo donde ninguna dependencia posee el control total.
La Jefatura de Comercio admitió que el padrón oficial de locatarios presenta apenas un 30 % de avance. Esta situación implica que el ayuntamiento no tiene un registro certero de los ocupantes, sus giros comerciales ni la superficie real que ocupan.
Sin embargo, la administración municipal realiza el cobro de derechos de piso, renta de locales y aprovechamientos. Ante la pregunta sobre el fundamento legal para facturar sin un padrón actualizado, la Jefatura de Comercio desvió la responsabilidad hacia la Tesorería Municipal y la Jefatura de Ingresos, sin aportar el sustento normativo solicitado.
La Regiduría Tercera, encargada de la supervisión directa del mercado, presentó un informe pormenorizado de las actividades realizadas entre enero y mayo de 2026, que incluye fiscalizaciones, recorridos técnicos, supervisiones sanitarias y jornadas de limpieza. No obstante, la propia regiduría declaró la inexistencia de actas de sesiones, minutas de reuniones o evidencia fotográfica fechada.
El argumento es que las labores se ejecutaron mediante comunicación técnica continua y acuerdos informales en campo. Esta contradicción entre el volumen de trabajo documentado y la ausencia absoluta de respaldo oficial despoja a la supervisión de cualquier validez institucional.
El documento expone una cadena de derivación de atribuciones que fragmenta la gestión del inmueble. La Regiduría Tercera afirmó que el resguardo de padrones, ingresos y actas de asignación es competencia exclusiva de la Jefatura de Comercio y la Tesorería. A su vez, la Jefatura de Comercio declaró que el cobro de rentas corresponde a Tesorería y que la gestión de convenios de pago y adeudos por energía eléctrica es potestad exclusiva de la Sindicatura Municipal. Ninguna de las tres dependencias puede responder de forma integral por la administración del mercado. La fiscalización queda diluida en un juego de “papa caliente” donde todas las áreas derivan y ninguna asume.
Las consecuencias de esta desorganización son directas sobre el erario público. La Jefatura de Comercio confirmó que aún no se ha iniciado la etapa de adjudicación de espacios vacíos, lo que implica que el municipio está dejando de generar ingresos de forma indefinida. De manera simultánea, el ayuntamiento carece de la capacidad para rastrear los adeudos de energía eléctrica de los locatarios y ejecutar acciones de cobro, debido a que esta responsabilidad fue delegada a la Sindicatura sin que se haya establecido un mecanismo de coordinación.
