AGENCIAS
Oaxaca.- El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Miguel Quetu” y militante de Morena, fue detenido este miércoles 23 de septiembre durante un operativo de fuerzas federales y estatales desplegado en la región del Istmo de Tehuantepec. La captura fue confirmada por autoridades y diversos medios, mientras que reportes iniciales señalaron la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina, corporaciones federales y la fuerza élite estatal.
De acuerdo con los primeros reportes, Sánchez Altamirano fue intervenido durante el operativo y posteriormente trasladado a instalaciones militares en Ciudad Ixtepec. También se informó de la detención de otras personas, aunque sus identidades y situación jurídica deberán ser confirmadas oficialmente. La información difundida durante las primeras horas relacionó la captura con investigaciones por presunta extorsión agravada y otros delitos de alto impacto; no obstante, las autoridades deben precisar formalmente los delitos que serán imputados ante un juez.
La detención provocó tensión en Juchitán. De manera preliminar se reportó que elementos de la Policía Municipal y simpatizantes del edil reaccionaron ante la captura y bloquearon algunos accesos carreteros al municipio para exigir su liberación. Estos hechos forman parte de los reportes iniciales y deberán ser confirmados por las autoridades correspondientes.
La captura ocurre después de más de un año de operativos contra estructuras delictivas en Juchitán. En junio de 2025, la llamada Operación Sable intervino la Policía Municipal y el C2; los 218 elementos de la corporación fueron concentrados para evaluaciones de control y confianza, mientras la seguridad quedó temporalmente bajo responsabilidad de fuerzas estatales y federales. La Fiscalía informó entonces sobre investigaciones relacionadas con una presunta infiltración criminal en áreas de seguridad municipal.
El caso coloca nuevamente al gobierno municipal de Juchitán bajo escrutinio, luego de diversos señalamientos previos que el propio Sánchez Altamirano rechazó públicamente. En abril de 2026 negó tener vínculos con grupos criminales después de que su nombre apareciera en versiones relacionadas con detenidos por el asesinato de una familia en La Venta. Esos señalamientos previos no deben confundirse con una imputación penal formal.
Ahora corresponderá a la autoridad ministerial y judicial establecer con precisión la causa penal, los delitos que se le imputan y las pruebas que sustentan la investigación. Hasta que se conozca esa información y exista una resolución judicial, la presunta participación del alcalde en delitos debe manejarse como una acusación en investigación y no como una responsabilidad penal acreditada.
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