Ocosingo, Chiapas — Martín Martínez Díaz, síndico del ayuntamiento de Ocosingo y originario de la comunidad tzeltal de Nueva Palestina, era una figura que no pasaba desapercibida. Vestía con jeans, camisa estampada, sombrero tejano y botas, y solía desplazarse en camionetas de lujo, escoltado por un grupo de seguidores. Su arresto el pasado sábado, con armas de fuego, cartuchos y cargadores, desató un sismo político en la región.
La detención ocurrió en la carretera Benemérito de las Américas–Palenque durante un operativo conjunto de la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional. Poco después, la alcaldesa Angélica Méndez Cruz (PVEM) se deslindó públicamente del funcionario, asegurando que no realizaba actividades oficiales en el momento de su captura.
La situación se torna aún más delicada por los vínculos entre Martínez Díaz y estructuras del crimen organizado que han operado desde hace años en la Selva chiapaneca. Nueva Palestina, comunidad a la que pertenece el síndico, fue señalada como centro de operaciones de uno de los líderes de dichas redes delictivas, detenido en marzo tras años de violencia que afectaron gravemente al turismo y la seguridad en la zona.
En un operativo previo realizado el 17 de febrero, fueron capturadas 25 personas tzeltales y lacandonas, incluyendo a un individuo identificado como operador clave de ese grupo criminal. Ese día, otro de los principales sospechosos logró escapar y se presume que habría cruzado la frontera hacia Guatemala. Desde entonces, la tranquilidad en Nueva Palestina, habitada en su mayoría por miembros de la Iglesia Adventista, se vio comprometida por la circulación constante de vehículos con hombres armados.
Apenas el pasado 2 de junio, día de la jornada electoral, Martínez Díaz aparecía en eventos con actitud triunfalista. “Llego puntual a la cita con mi destino”, dijo, mientras la alcaldesa Méndez Cruz celebraba su victoria frente al candidato de Morena, Gilberto Rodríguez de los Santos.
Conocido en las comunidades por su estilo ostentoso y sus amistades con personajes armados, el síndico se mostraba frecuentemente en cabalgatas con caballos finos y joyería de oro. Ahora, enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras el gobierno municipal intenta desmarcarse.
En un video reciente, la alcaldesa reiteró su compromiso con la legalidad: “Reiteramos nuestro respeto al proceso de investigación y colaboraremos en todo lo que se requiera. No tenemos nada que ocultar”. Incluso se mostró dispuesta a comparecer ante el Ministerio Público si así se le solicita.
“El ayuntamiento se mantendrá al tanto del proceso. Ningún servidor público que infrinja la ley tendrá nuestra protección”, concluyó.
La detención de Martínez Díaz no solo representa un golpe a su figura política, sino también expone las conexiones entre el poder local y redes del crimen organizado que han afectado la estabilidad de comunidades enteras en la región.
