Oportuno, oportunista (político) como es, Miguel Ángel Mancera decidió aprovechar el escándalo generado en torno a la ya famosa Casa Blanca, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, para tratar de ganar puntos en su reencuentro con la impresentable tribu de Los Chuchos, que controla al perredismo —que ha tomado el asunto como causa de su propia reivindicación, tras los lamentables hechos de Iguala— y, al mismo tiempo, para intentar presentar a su gobierno como ajeno a corruptelas.
Fue más lejos: prácticamente amenazó de manera pública con separar del gobierno capitalino a todo aquel funcionario que, obligado legalmente a presentar su declaración patrimonial, rechace hacer público el contenido de la misma —a lo que legalmente tendrían derecho— y, ya encarrerado, comprometió (voluntariamente) a los titulares de las 16 delegaciones a hacer lo propio, so pena de ser objeto de señalamientos o imputaciones en los próximos meses… los últimos de sus respectivas gestiones, para
ser exactos.
Si bien, a primera vista, la propuesta-exigencia de Mancera Espinosa parece no sólo loable y atinada sino, incluso, digna de elogio, lo cierto, sin embargo, es que el hecho de que tras el anuncio de su decisión, poco o nada se haya realizado para posibilitar que se concrete, y que la exigencia se reduzca a presentar “una versión de la patrimonial”, cuando podrían agregarse declaraciones sobre pago de impuestos o información sobre eventuales conflictos de intereses, mueve a suspicacia… y evidencia insuficiencias de la medida, si de atajar, en serio, potenciales actos de corrupción, tráfico de influencias, opacidad u otros ilícitos similares se trata.
Ahora que, confiemos, no deberá pasar mucho tiempo para que el anuncio del jefe de Gobierno del Distrito Federal se concrete en hechos específicos, loables o, en su caso, quede en evidencia su presumida intencionalidad política o mediática, puesto que, como expuso en su oportunidad el contralor capitalino, Hiram Almeida, las declaraciones deberán haberse elaborado antes del próximo 15 de enero y, en todos los casos, sus autores deberán haber plasmado en ellas su explícito acuerdo para que las mismas sean dadas a conocer al gran público y a la sociedad entera antes, presumiblemente, de que concluya el primer mes del
siguiente año.
De manera coincidente con la presentación de las multirreferidas declaraciones, vale destacar, más de uno entre quienes hoy ocupan posiciones de relevancia en el gobierno o en las delegaciones dependientes, la Benito Juárez y Cuajimalpa incluidas, ciertamente, estarán valorando la posibilidad de abandonar el cargo para, con el apoyo de sus respectivos partidos, ir en busca de un nuevo encargo —”del pueblo y en favor del mismo”, obvio— igual en la próxima asamblea, que en los mandos delegacionales renovados o, incluso, en la nueva Cámara de Diputados federal… lo que, adivinó usted, les relevaría de atender el reclamo
de Mancera.
