México.- Grupo Minsa, empresa presidida por Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del gobierno de Claudia Sheinbaum, obtuvo un contrato millonario por más de 346 millones de pesos otorgado por DICONSA para proveer harina de maíz nixtamalizada al programa “Maíz para Todos” durante el periodo de marzo a diciembre de 2025. La adjudicación directa se realizó bajo el argumento de urgencia en el suministro del producto, con el objetivo de garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso al alimento.
Según el documento revelado por Emeequis, el contrato establece que Minsa Comercial S.A. de C.V. debe cumplir con una garantía del 10% del monto total, equivalente a 34 millones 617 mil 540 pesos, para asegurar la correcta prestación del servicio. Además, el costo del servicio se desglosa en flete, maquila y empaque, con un valor de 3 mil 962 pesos con 96 centavos por la maquila y 249 pesos con 90 centavos por el empaque.
El hallazgo surge en un contexto de protesta de campesinos en diversas carreteras del país, quienes demandan mejores precios de garantía por tonelada de maíz. Actualmente, el maíz blanco se compra en 5 mil 840 pesos por tonelada, mientras los productores exigen 7 mil 200 pesos. Francisco Ortega Sánchez, coordinador del Congreso Agrario Permanente en Hidalgo, denunció que “quien compra y fija los precios es realmente el acaparador: esas grandes empresas que industrializan el maíz. Cómo es posible que cinco empresarios pongan de rodillas a todo el sector agropecuario del país y al gobierno”.
La situación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del programa “Maíz para Todos” y la equidad en la distribución de recursos, especialmente cuando empresas vinculadas con funcionarios públicos reciben contratos millonarios mientras los productores continúan reclamando precios justos por su cosecha.
El servicio contratado por Minsa Comercial S.A. de C.V. tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, y su cumplimiento será supervisado para garantizar que la harina llegue a los centros de acopio de DICONSA y, posteriormente, a las comunidades beneficiadas.
Este caso se suma a la discusión sobre cómo se adjudican los contratos gubernamentales y el impacto que estas decisiones tienen sobre los pequeños productores y la industria agroalimentaria en México.
