De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La rendición de cuentas en Orizaba sigue siendo mínima y selectiva. Las auditorías a las administraciones de Emilio Stadelmann López, Hugo Chahín Maluly e Igor Fidel Rojí no han derivado en sanciones por el daño patrimonial señalado por el Orfis, permitiendo que irregularidades millonarias permanezcan ocultas bajo protección política.
Según Maximino Antonio Jiménez, integrante del Frente Popular Revolucionario (FPR), ninguna de estas administraciones fue denunciada ante las fiscalías, pese a que en la gestión de Igor Rojí el daño patrimonial superó los 40 millones de pesos. “No hubo denuncias ni voluntad para que los responsables respondieran”, afirmó.
El activista recordó que todos estos exalcaldes pertenecen al mismo grupo político consolidado desde la primera administración de Juan Manuel Diez Francos, lo que explicaría el encubrimiento mutuo. Advirtió que el temor de este bloque es que una administración ajena llegue al poder y audite con rigor sus cuentas, evidenciando la red de protección construida.
Asimismo, mencionó antecedentes de un desfalco cercano a 50 millones de pesos en recursos federales que nunca avanzó. Los informes recientes del Orfis, correspondientes a la Cuenta Pública 2024, sólo incluyen observaciones administrativas, sin daño patrimonial, lo que incrementa sospechas sobre acuerdos políticos y el uso de despachos que ajustan cifras para evitar consecuencias legales.
Jiménez llamó a la gobernadora Rocío Nahle García a impulsar una revisión transparente y profunda de estas administraciones como obligación democrática para proteger los recursos públicos, advirtiendo que la opacidad no puede seguir normalizándose.
