De la Redacción
El Buen Tono
ORIZABA.- El alcalde Juan Manuel Diez Francos, malversa los recursos municipales usándolos para la calle Norte 1 esquina con Poniente 4, porque ahí se construye un hotel propiedad de su amante, Laura González Valerio, quedando más que claro el abuso de poder y tráfico de influencias.
Lejos de ocultar el favoritismo, el presidente actúa con impunidad y descaro, destinando cuadrillas, materiales y presupuesto del erario para beneficiar un negocio privado. Vecinos confirman que los trabajos de pavimentación coinciden exactamente con la fachada del nuevo hotel, mientras otras colonias de la ciudad siguen esperando obras básicas.
De acuerdo con la información y denuncia de vecinos, la propiedad fue adquirida a través de una inmobiliaria para disfrazar la verdadera titularidad del inmueble, una maniobra común entre funcionarios que buscan burlar la rendición de cuentas y encubrir operaciones con fines personales.
El proyecto, además, ha operado bajo condiciones laborales precarias, con trabajadores sin equipo de seguridad ni supervisión de Protección Civil, lo que refleja negligencia y omisión institucional.
Pero el fondo del caso es aún más grave: el edificio, una casona del siglo XIX, estaba catalogado como monumento histórico bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, fue remodelado con la complacencia de la supervisora regional Irma Becerril, quien demuestra sumisión y corrupción al permitir la destrucción de un bien patrimonial sin oponer objeción.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que los inmuebles con más de 100 años de antigüedad considerados de relevancia histórica o cultural no pueden ser alterados y cualquier alteración sin permiso constituye un delito federal castigado con hasta 10 años de prisión y severas multas.
A esto se suma que, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el uso indebido de recursos públicos, el conflicto de interés y el tráfico de influencias son faltas graves que pueden derivar en la inhabilitación y sanción penal de los servidores involucrados.
Lo ocurrido en este caso evidencia un contubernio entre el poder municipal, la autoridad federal del INAH y el interés económico privado de la amante del alcalde. Una muestra más de cómo en Orizaba el poder se ejerce para servir a los negocios personales, no al bienestar público ni a la preservación del patrimonio histórico.
