Alejandro Aguilar
el buen tono
Fortín.- El DIF municipal carece de políticas propias, limita su labor a gestiones ante instancias estatales, y desatiende necesidades básicas de inclusión, como la falta de un traductor de lengua de señas.
En un oficio fechado el 25 de abril de 2025, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de Fortín, Veracruz, respondió a una solicitud de información sobre sus programas para personas con discapacidad.
Las respuestas revelaron una realidad preocupante.
Al cuestionarlo sobre los programas específicos para personas con discapacidad. el DIF Municipal admitió que “no tiene programa alguno”.
Argumentó que son competencia federal.
Su papel se reduce a ser un “enlace” para derivar casos al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CrisVer) o al DIF Estatal.
Esta respuesta evidenció una delegación sistemática de responsabilidades, dejando en manos de otras instancias la atención que, por ley, debería garantizarse desde lo local.
Holgazanes
La falta de programas propios contrasta con las necesidades de una población que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), representa al menos el 6 por ciento de los veracruzanos.
Sin embargo, el DIF de Fortín ni siquiera cuenta con datos propios sobre el número de beneficiarios, alegando que esa información la “resguardan” instituciones estatales.
La opacidad se extiende al gasto programado para apoyos, cuya respuesta fue evasiva: “es competencia de área distinta”.
El desdén hacia la discapacidad se agudiza con la ausencia de un traductor de Lengua de Señas Mexicana (LSM).
El organismo justificó esta carencia debido a la “baja o nula demanda”, sin considerar que la falta del servicio perpetúa la exclusión.
Tramposos
Los apoyos que menciona el DIF, como lentes, auxiliares auditivos o credenciales, dependen de gestiones ante el gobierno estatal.
La situación en Fortín refleja un modelo asistencialista que simula gestiones sin responsabilidades.
Las respuestas pintan un escenario de desinterés.
Sin datos claros, sin programas propios y sin herramientas básicas de inclusión, el organismo incumple su mandato de garantizar el desarrollo integral.
Urge que las autoridades municipales dejen de simular gestiones y construyan una política pública real, donde la discapacidad deje de ser un trámite, y se transforme en una prioridad.
