De la redacción

El Buen Tono

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, una reforma para prevenir, sancionar y erradicar el reclutamiento forzado de personas por parte del crimen organizado, con penas de 10 a 20 años de prisión y agravantes para los casos que involucren violencia y otras circunstancias.

El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular, con el objetivo de establecer un marco jurídico específico para investigar y castigar esta práctica, que afecta principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, aunque también alcanza a personas adultas.

Durante la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, señaló que la reforma permitirá combatir uno de los problemas que más afectan la seguridad de las familias mexicanas.

Explicó que las investigaciones podrán iniciarse de oficio cuando las autoridades tengan conocimiento de hechos que pudieran constituir este delito, sin obligar a las víctimas a presentar una denuncia que ponga en riesgo su vida.

El legislador destacó que la reforma no solo busca castigar a los responsables, sino también proteger a las víctimas, quienes pueden ser incorporadas a organizaciones delictivas mediante engaños, amenazas, violencia o el aprovechamiento de sus necesidades económicas y personales.

Además, sostuvo que los cambios permitirán identificar mejor las redes de reclutamiento, fortalecer las investigaciones y generar información para prevenir nuevos casos.

Establecen agravantes por violencia y abuso

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Alejandro Alonso, respaldó la iniciativa y destacó que las penas de 10 a 20 años de prisión buscan sancionar a quienes recluten a una o más personas para incorporarlas a grupos delictivos.

Por su parte, la diputada de Morena, Elena Edith Segura, explicó que la reforma contempla circunstancias agravantes, entre ellas el uso de tortura, violencia sexual, privación de la libertad y lesiones.

También se consideran situaciones relacionadas con el aprovechamiento de los conocimientos especializados de las víctimas, así como su pertenencia a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas y su condición de movilidad humana.

La legisladora señaló que la ausencia de una tipificación específica había dificultado identificar, investigar y sancionar el reclutamiento forzado como un delito particular.

Advierten riesgos para niñas, niños y jóvenes

El diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Sóstenes Mejía, explicó que la reforma incorpora un capítulo específico sobre reclutamiento forzado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Durante su intervención, mencionó el caso del rancho Izaguirre, en Jalisco, y advirtió que el reclutamiento puede estar relacionado con desapariciones, tortura, homicidios y otros delitos graves.

En tanto, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Guillermo Anaya, subrayó el sufrimiento de las familias que buscan a sus hijos sin saber dónde están o si regresarán a casa.

También señaló la necesidad de contar con herramientas jurídicas eficaces y fortalecer la protección de las personas más vulnerables.

Anaya recordó que la presidenta de México informó sobre la identificación de mil 800 cuentas y páginas utilizadas para reclutar jóvenes, de las cuales 800 habían sido inhabilitadas.

Advirtió que las redes sociales representan un espacio en el que niñas, niños y jóvenes pueden ser captados mediante falsas ofertas de trabajo, engaños, amenazas o coacción.

Con la aprobación del dictamen, la Cámara de Diputados busca establecer herramientas legales específicas para combatir el reclutamiento forzado, sancionar a los responsables y reforzar la protección de las víctimas.