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Discurso oficial vs. la realidad

Superiberia

 

El gobierno del PRI retoma la tradición de presentar dos países, el descrito en los discursos oficiales y el de la realidad.

Vale la pena exponer sólo dos ejemplos: las cifras y las cuentas alegres del gobierno federal refieren de una disminución de los índices delictivos, no obstante ello la inseguridad en todo el país; igual sucede en materia educativa ya que, a pesar del discurso por la mejoría de la educación, mafias de seudo líderes magisteriales y estudiantiles tienen secuestrada la educación en nuestro país, ejemplo de ello es la problemática del Instituto Politécnico Nacional.

Parecieran ser temas totalmente independientes, sin embargo la educación y la inseguridad están interconectadas, ya que además de las graves deficiencias en la formación educativa de nuestros policías y miembros de las instituciones públicas responsables de la seguridad, también la inseguridad pública es influenciada por la falta de oportunidades de superación para miles de jóvenes que cada año egresan de las instituciones de educación superior con motivo del rezago que padecemos desde la educación primaria y que culmina con los bajos niveles educativos a nivel profesional.

Lamentablemente, las graves deficiencias de nuestras instituciones policiales se intentan superar con la invención o reinvención de cuerpos especiales que intentan superar a sus antecesoras, reiterando los mismos vicios de complicidad, corrupción pero, sobre todo, ausencia en la formación profesional de sus directivos y principales cuadros dirigentes, ya sea que nos refiramos a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Policía Judicial Federal (PJF), Policía Ministerial Federal (PMF), Policía Federal Preventiva (PFP), Agencia Federal de Investigación (AFI), Fuerzas Federales de la PF o incluso, ahora, la nueva gendarmería, entre otras; lo anterior no es otra cosa que diferentes nombres de un mismo producto elaborado a partir de un modelo que ha generado desconfianza, ineficacia, corrupción e impunidad.

Nuestras instituciones policiales se diseñan y desarrollan a partir de la reproducción del mismo modelo que carece de institucionalidad que garantice el ejercicio de los derechos de la sociedad, sino que se construye de un modelo que tiene la finalidad de garantizar orden y la paz públicos, sin que ello necesariamente implique protección a los derechos de las personas, sino la tutela de la gobernabilidad de quien ejerce la autoridad, incluso a pesar de que esa autoridad no esté a cargo de quienes hayan sido democráticamente electos, sino de las mafias de poder incrustadas en la policía o fuera de ellas.

La educación a partir de los derechos de los ciudadanos y la comprensión de los problemas sociales de la población está ausente en la formación de los policías.

Por su parte, los seudo líderes estudiantiles y magisteriales rechazan un modelo educativo que cuestione los liderazgos y, a partir del chantaje, la violencia y el corporativismo, presionan al gobierno y a la sociedad para negociar el bien público más preciado de un pueblo: la educación.

En diversos espacios hemos leído las críticas al gobierno de Oaxaca o de Puebla, entre otros, que sucumben al chantaje de esos seudo líderes, pero ahora mismo estamos siendo testigos del chantaje que realizan a las autoridades del IPN, así como del gobierno federal.

No se debe claudicar en el objetivo de lograr una educación de calidad con el pretexto de mantener el orden y la paz pública, en tanto que los problemas en todo nuestro país se encuentran de una u otra forma relacionados con la deficiente educación.

Día a día una nueva historia se une a la cadena de impunidad, violencia y prepotencia generada incluso desde las instituciones policiales en contra de la población, sin que el verdadero problema de fondo educativo se establezca como la piedra angular del desarrollo nacional.

Es impostergable impulsar un modelo educativo que genere la innovación, productividad, tecnología de vanguardia, defensa de los derechos ciudadanos, recuperación de los valores del respeto y consolidación de nuestro Estado democrático de derecho.

*Abogado postulante

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